Editorial “Autos judiciales y consecuencias políticas”

Carlos Ignacio Giuffré señala que si la política es aquello que compete al poder y las decisiones jurídicas son, a su vez, un acto de poder, la actividad jurídica es política. Las consecuencias políticas, por lo tanto, deben ser siempre consideradas en la toma de decisiones judiciales.
La decisión del Tribunal Supremo sobre la situación penal de Junqueras, los exconsellers y los Jordis, no debe ser ajena a la realidad social –a la que pertenece el Derecho- y a la situación política que comparte.
Sin embargo, la visión conservadora del Derecho, aquellos que defienden la concepción tradicional de la justicia y el código, no consideran, grosso modo, que las decisiones jurídicas deban tener en cuenta los efectos políticos (si los hay).
El profesor Dunkan Kennedy, según Giuffré, verdadero valedor de los Critical Legal Studies, defiende que todo cambio de poder en la sociedad tiene obviamente efectos políticos. Una cuestión que los jueces mayormente no valoran y, por lo tanto, les hace inmunes a los incentivos que sirven para valorar el conflicto social interno de sus decisiones.
El Derecho no es políticamente neutral. La literalidad de la ley no se cierra, como disciplina social, a una interpretación cerrada en sí misma y aislada de la realidad. Tan aislada como para no tener en cuenta sus decisiones jurídicas.

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