La intención del Gobierno al modificar el Reglamento de la Ley de Extranjería es lograr “un equilibrio” para que la mano de obra que se necesita venga del exterior, pero “bajo las condiciones de un contrato de trabajo que esté ordenado” y no afectando las condiciones laborales.
En esos términos se ha manifestado María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública, este sábado.
Lo ha hecho ante los medios antes de la reunión en Málaga con el Clúster Marítimo Marino de Andalucía. En el encuentro se abordaron las potencialidades de la economía azul.
Así, la ministra apuntó que la llegada de mano de obra extranjera tiene que ser “absolutamente compatible con la dignificación de las condiciones laborales”.
En ese sentido, señaló que eso “significa que este Gobierno es un gobierno comprometido con la calidad de vida de las personas”.
Asimismo, puso en valor el impulso que ha dado el Ejecutivo a la reforma laboral, lo que “está permitiendo crear empleo de calidad”.
Remarcó, además, los más de 20 millones de ocupados y los meses ininterrumpidos de creación de empleo.
Es necesario cambiar el Reglamento de la Ley de Extranjería
Con todo, “el Gobierno siempre establecerá este equilibrio entre intentar que una mano de obra necesaria en nuestro país pueda venir de forma ordenada, pero sin que eso implique que las condiciones de los trabajadores se puedan ver afectadas”, en referencia a la modificación del Reglamento de la Ley de Extranjería.
Por otro lado, sobre las actuaciones del Ejecutivo ante la escalada de precios, Montero recordó que se van a prorrogar las medidas anticrisis.
A ese respecto, indicó que se mantendrán mientras los indicadores económicos derivados del conflicto continúen.
En cuanto a las sanciones, la situación, dijo, “exige un endurecimiento” de las mismas “para disuadir a Rusia de esta invasión”.
“Eso tiene un coste en el conjunto de la economía internacional, que sería mucho más alto si no se interviniera”, explicó.
Por eso, el Gobierno ha decidido prorrogar el real decreto, manteniendo la bonificación para los combustibles y la rebaja fiscal de la electricidad.
“Son las dos medidas más costosas y que tienen un impacto muy importante”, así como la protección de las personas más vulnerables, concluyó.