El balance de 2019 de víctimas del machismo en España fue desolador. En total, 55 mujeres murieron en un crimen machista el pasado año. Una cada seis días. Es el peor periodo desde 2015. A ellas, hay que añadir tres niños asesinados. Van 34 desde que se incluyeron en los recuentos. En la mayoría de los casos, no hubo denuncia previa.
Las investigaciones tratan de esclarecer el porqué de ese aumento del crimen machista y si se está convirtiendo en una tendencia. Diversos especialistas señalan que una de las razones puede encontrarse en la ausencia de medidas preventivas que aún están por desarrollar.
Detrás de ello está el negacionismo de Vox, que se empecina en decir que “la violencia no tiene género”, pese al consenso generalizado e institucional.
Miguel Lorente, forense y ex delegado del Gobierno para la violencia de género, apunta que “no se puede decir que el aumento se deba exclusivamente a los mensajes contra la protección de las mujeres que lanza la ultraderecha pero sí es claro que es un factor que ha influido”.
En 2019, cuatro de cada cinco mujeres, el 80%, no había denunciado, el porcentaje más alto desde 2012. Pero no es la única razón de las medidas preventivas sin desarrollar.
El sistema falló, porque las otras 11 víctimas de un crimen machista sí habían presentado denuncias y advertían de que corrían peligro. Incluso, algunas estaban incluidas en el sistema de protección policial y judicial.
Lo cierto es que la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género ha cumplido 15 años. La percepción social de este tipo de crimen ha cambiado y ya no se considera un problema que se resuelve en la intimidad de la pareja.
Vox niega que exista el crimen machista
Pero Vox ha llegado a las instituciones, rompiendo la unidad institucional ante el crimen machista. Llegan a exigir la derogación de las leyes que protegen a las mujeres y que se retiren los fondos dirigidos a luchar contra estos asesinatos.
Al recuento de estas víctimas hay que sumar aquellas que resultan fuera del ámbito de la pareja o de la familia. Casos como el de Diana Quer, Marta Calvo o Laura Luelmo, asesinadas después de que sus asesinos las agredieran sexualmente. Si se incluyen es porque se debe cumplir con el Convenio de Estambul firmado por España en 2014.
La magistrada Lucía Avilés indica que “debemos empezar a hablar de feminicidios, de asesinatos de mujeres por el hecho de serlo. Así los situamos como crímenes de Estado y todas serían tratadas jurídica y socialmente como víctimas de violencia de género”.
La también fundadora de la Asociación de Mujeres Juezas opina que “la actuación de Vox se traduce en que las víctimas miran con mayor desconfianza la protección institucional que se les puede ofrecer y los agresores ven reforzada su conducta”. Por ello y frente a ello, pide un “análisis profundo y objetivo para determinar todas las causas” de ese incremento.
Por su lado, Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres, cree que “los discursos contra la protección de las mujeres generan dudas en las víctimas y en los dispositivos de protección judicial y policial y mayores situaciones de riesgo, pero no establecería una situación causa efecto directa porque las asesinadas son solo la punta del iceberg de lo que ocurre”.
Lorente explica que “el 80% de las asesinadas no ha denunciado nunca pero podemos encontrar al 100% de las mujeres en el sistema sanitario y desde ahí desarrollar una estrategia global para protegerlas”.
A su vez, Soleto hace hincapié en aquellas mujeres que sí denunciaron y aun así están muertas. “Si hubiéramos logrado protegerlas a lo largo de todos estos años, estaríamos hablando de más de 200 mujeres vivas. Es el mayor fracaso de todo este tiempo”, lamenta.