Su legislación se inspira en la interpretación más integrista de la Sharia.
Las autoridades de Brunéi han respondido a la denuncia de la ONU que acusa al sultanato de violar los derechos humanos por proclamar la pena de muerte contra las relaciones homosexuales. Argumentan que es una medida “más de prevención que de castigo”. Así lo ha expresado Erywan Yusof, ministro adjunto de Exteriores bruneano, quien ha dicho que la nueva ley, vigente desde el 3 de abril, tiene por objetivo “educar, conceder, rehabilitar y desarrollar, no castigar”.
La norma está enmarcada dentro de un paquete radical de leyes inspiradas en la interpretación más integrista de la Sharia, la ley islámica, en la que también se contempla la pena de lapidación para los violadores y adúlteros, y de amputación para los ladrones. “La criminalización del adulterio y de la sodomía servirán para salvaguardar la santidad del linaje familiar y el matrimonio de los musulmanes, especialmente las mujeres”, ha señalado el ministro adjunto.
Sin embargo, António Guterres, secretario general de la ONU, ha denunciado esta ley porque “viola claramente todos los derechos que se refieren a la protección de los individuos frente a cualquier tipo de discriminación”.
El Gobierno de Brunéi ha informado al Ejecutivo británico, su antigua potencia colonial, de que “serán un fenómeno improbable” las ejecuciones por este motivo, a pesar de lo cual Jeremy Hunt, ministro de Exteriores de Reino Unido, se ha lamentado porque “estas explicaciones han sido poco satisfactorias”. “La mera insinuación de iniciar un proceso amparado en esta Sharia es inaceptable. Todo el mundo es libre de ser quien es y de amar a quien quiere”, ha trasladado.