Todos eran de la cuenta del Instituto de Derecho Público.
El delegado del rector de la Universidad Rey Juan Carlos, URJC, denunció ante la policía la eliminación de 5.400 correos electrónicos que se habían recibido o enviado entre 2008 y 2014. Este periodo es en el que se impartieron los cursos en los que Cristina Cifuentes, Pablo Casado y Carmen Montón consiguieron sus títulos. Se une este hecho a las “sospechas” de que alguien se llevó documentación de los despachos.
Pablo Acosta, nombrado máximo responsable del Instituto de Derecho Público, IDP, después de estallar el escándalo, informó a la policía, a través de una llamada telefónica, el pasado 20 de junio, de que por primera vez había conseguido entrar en la cuenta de correo electrónico de este centro, según el sumario de la causa.
Acosta se encontró con ese borrado masivo de correos, si bien no pudo detallar el momento en que se produjo la eliminación “ni si fueron eliminados en bloque o en distintas fechas”.
Ante Carmen Rodríguez-Medel, juez del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, el responsable del instituto contó que sospechaba que se habían llevado documentos de los despachos del IDP porque había “encontrado muy pocos” y “algunos habían salido publicados en la prensa y no estaban” en el centro.
También entonces, el 3 de agosto, Acosta declaró que la Universidad no había entrado en el despacho de Enrique Álvarez Conde, que ha sido destituido en la dirección del centro pero sigue teniendo plaza de catedrático. “No sé si hay documentación ahí. No sé si hay en su casa”, dijo. El ahora máximo responsable del instituto también relató que Álvarez Conde, considerado por la magistrada como el “urdidor” de la trama, ordenó al banco que enviara la correspondencia del IDP a su domicilio particular.
La policía ya investiga las cuentas bancarias del instituto. Su exdirector, ahora investigado, las manejaba y se ha podido constatar que se había pagado a sí mismo sobresueldos de entre 10.000 y 22.000 euros al año, que hizo transferencias a sus dos hijos, que nada tienen que ver con la Universidad, y que utilizó la tarjeta asociada para gastos personales, como comidas en restaurantes y compras en supermercados.
La Universidad interpuso una demanda contra Álvarez Conde por malversación, que recaló en el Juzgado de Instrucción número 34. Éste se inhibió y la trasladó al número 51, pero la juez instructora rechazó asumirla para evitar aumentar la “complejidad” del proceso y mayores dilaciones. Además, porque, según ella, no se trata de un delito conexo a los investigados en su juzgado.