Bárcenas ratifica la financiación ilegal del PP

Costa le avisó de la facturación falsa de los costes electorales.
Durante su declaración como testigo en el juicio por la presunta financiación ilegal del PP valenciano, Luis Bárcenas, ex tesorero del PP, ratificó ante el juez de la Audiencia Nacional José María Vázquez Honrubia que Ricardo Costa, ex secretario general del PP en Valencia, le avisó de que había recibido órdenes para que se giraran facturas falsas a empresarios para sufragar los costes de las campañas electorales municipales y autonómicas de 2007. Así, a las preguntas de la fiscal Myriam Segura, respondió que se reunió con Costa cuando el tesorero de la formación política era Álvaro Lapuerta, pero estaba ausente, y que el dirigente valenciano estaba preocupado por las instrucciones dadas por Francisco Camps, ex presidente de la Comunidad Valenciana, y Juan Cotino, ex presidente de las Corts, y transmitidas por Víctor Campos, ex vicepresidente regional. Bárcenas, aunque no precisó la fecha del encuentro, aseguró que el ex secretario general del PP valenciano, “me planteó su preocupación porque la instrucción de Víctor Campos, que era responsable económico, era en un sentido que no era admisible liquidar determinadas facturas”. “Hablamos de asignar facturas a determinadas empresas para que se hiciesen cargo de gastos del partido y le trasmitir el criterio del PP, y es que estaba terminantemente prohibido”. Después de ello, el ex tesorero popular informó a Lapuerta, que dijo que hablaría con Valencia: “no tengo ni idea de con quién habló, imagino que diría que cumpliese las instrucciones de la sede central y parece ser que no se cumplieron”.
Bárcenas ha detallado ante el juez que él era administrador de las campañas municipales de 2007, pero los responsables de las autonómicas eran los gerentes regionales y de las elecciones generales de 2008, Cristóbal Páez, su sucesor. También ha querido remarcar que los gerentes provinciales y regionales tenían instrucciones precisas de que sólo podían utilizar para las campañas los fondos que el PP nacional les entregaba y que no podían aportar “fondos propios”. A su vez, señaló que las sedes provinciales tenían “autonomía para organizar los actos”, a excepción de aquellos son los que participaba Presidencia del Gobierno, en cuyo caso la sede nacional asignaba a una empresa para contratar los servicios. “Había una parte de la contratación que se hacía de forma generalizada” desde la sede en Madrid, aunque luego se pidiera a los proveedores que fraccionarse en la factura para imputar acabase de provincial su parte correspondiente. Lo que se refiere a las campañas autonómicas, la intervención de la sede central “era muy pequeña”. Todos los gastos que debía controlar el PP nacional eran auditados, se hacía un control de las facturas de las elecciones municipales y Carlos Lucca de Mignani, jefe de la auditoría interna, viajaba a todas las regiones para hacer “una consolidación previa” a la presentación ante el Tribunal de Cuentas de la contabilidad del partido.

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