La anunciada venganza de Luis Bárcenas contra el PP sigue su curso, no sólo con lo que desveló anteayer, sino con nuevas confesiones que amenazan incluso a José María Aznar.
Durante años, el ex tesorero de la formación conservadora sostuvo que la donaciones de empresarios no estaban condicionadas a la adjudicación de contratos. Sólo admitió que desde el PP se llamaba a alcaldes o cargos públicos para que atendieran a dichos empresarios, pero sin compromiso alguno.
Sin embargo, en las últimas confesiones, recogidas en un escrito dirigido a la Fiscalía Anticorrupción, reconoce que en algunos casos sí existía esa condición. “Pueden existir algunos concretos casos en los que sí concurrió aquella motivación”, señala Bárcenas.
Y es que el delito de cohecho siempre estuvo ahí como una posibilidad, pero las investigaciones nunca fueron concluyentes.
Son varios los ejemplos que se encuentran. Es el caso de Rafael Palencia, un empresario que hizo una visita un cargo de la Comunidad de Madrid por indicación del también ex senador popular. Con todo al alto cargo que podría Donald más dinero al partido si se trataba bien a su empresa.
Así las cosas, el juez Santiago Pedraz continúa con las pesquisas y ha ordenado que se investiguen 23 contratos adjudicados por el gobierno de Aznar. Se trata de adjudicaciones de hasta cinco ministerios en Renfe, Adif y Aena de entre 2000 y 2004.
Antes que Bárcenas, la policía sugirió investigar a Administraciones regionales
Ya lo había propuesto la policía después de hallar ciertas irregularidades en los contratos de Administraciones regionales a favor de donantes del partido conservador. Dichas adjudicaciones sumarían cerca de 600 millones de euros.
Constructora Hispánica, propiedad de Alfonso García Pozuelo, uno de los principales donantes, fue beneficiaría de muchos contratos de la Administración central. Hasta nueve donaciones hizo.
En el juicio del caso Gürtel, García Pozuelo deslizó que había pagado dinero a “organismos centrales” para que le adjudicaran contratos. Francisco Correa preciso que por “organismos centrales” se entendía que eran obras de la Administración central.
En consecuencia, el magistrado ha pedido “el contenido íntegro de los expedientes de contratación”. Esto incluye la “orden de inicio” y el “pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas”.
Asimismo, las “ofertas presentadas por todos los licitadores” y los “informes técnicos de valoración y justificación de las puntuaciones otorgadas”.
Igualmente, las “actas de las mesas de contratación”, la “resolución de adjudicaciones”, así como los contratos y sus modificaciones.
En el escrito dirigido a Anticorrupción, Bárcenas apunta a que conoce algunas de las prácticas que la Audiencia Nacional está investigando. Señala que colaborará con la Justicia a lo largo de las próximas semanas.