El Tribunal Supremo podría juzgar a Isabel Díaz Ayuso, la presidente de la Comunidad de Madrid, por negligencia con los mayores. Así sería después de que el Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid se haya inhibido a favor del alto tribunal por la querella interpuesta por familiares de residentes contra ella y contra Enrique Ruiz Escudero, consejero regional de Sanidad.
Esta querella por negligencia también es contra diez directores de geriátricos por la gestión que hicieron de la crisis sanitaria en las residencias. Según reza el texto al omitir “acciones tendentes a evitar la propagación del virus”.
La magistrada Belén Sánchez ha resuelto la inhibición al Supremo por la condición de aforada de la presidente. El colectivo Mareas de Residencias presentó la querella por la mala atención en las residencias. Se pide la apertura de una investigación por los supuestos delitos de homicidio imprudente, trato vejatorio, prevaricación y denegación de auxilio
Posteriormente, se amplió para que también se investigara el protocolo firmado por el ex director de Coordinación Socio-Sanitaria regional. Dicho protocolo daba instrucciones para que no fueran derivados a hospitales residentes desde geriátricos.
Por tanto, se incluyen en la querella a los directores de DomusVi-Mirasierra. Aralia-Ensanche de Vallecas, DomusVi-Usera, Aralia-Isabel La Católica, Ballesol Pasillo Verde, Ballesol Mirasierra, Gran Residencia, Centro Integrado Municipal, Margarita Retuerto, Manoteras y Amavir-Ciudad Lineal.
Los denunciantes consideran una negligencia no haber adoptado medidas visto lo sucedido en Italia
Los querellantes pretenden demostrar la responsabilidad penal de Ayuso por su negligencia a la hora de abordar la crisis sanitaria provocada. Según sostienen, ésta tuvo sus primeras manifestaciones a mediados de febrero “aunque ya había conocimiento por los casos que se habían producido fundamentalmente en China y en Italia”.
La Comunidad de Madrid “que tiene plenas competencias en Sanidad y en el control de las residencias de personas mayores”, no abordó el asunto, según el texto.
Según se expone en el relato de hechos, “los querellados ejecutan el núcleo de la acción delictiva, que radica en haber omitido acciones tendentes a evitar la propagación del virus en la residencias de ancianos”.
Consideran que “incluso habiéndose producido más de 1.000 decesos [en el momento de redactarse la querella] no se adopta medida alguna”. Omiten, según se lee en el documento, “los querellados cumplimiento del deber de socorrer a los residentes”. Aseguran que “es evidente que dada la propagación del contagio en las residencias se encontraban en peligro manifiesto y grave”.
Agrega la denuncia que “en la Comunidad de Madrid existen 475 residencias con unos 50.000 residentes, de las cuales solo 25 son totalmente públicas”. De seguido, añade que “el resto son o privadas totalmente o concertadas, pero con propietarios de las mismas privados que a veces son fondos de inversión opacos”.
No existe ninguna simetría ni equidistancia entre las posiciones del PP y el PESOE en esta nefasta estrategia partidista que hegemoniza derecha pretendiendo rentabilizar los males de la Covid-19 a base de invertir y trasferir a los demás aquello de lo que es, también, responsable. Una actitud que define la anti-política en la que se encuentran muchos representantes ciudadanos y algunos medios de comunicación y profesionales de la información, que más se dedican crear un relato basado en tensiones y fobias, que explicar e informar. Ahora resulta que la descarga que algunos medios habían realizad contra el gobierno (hay que ver lo que hemos llegado a leer) a cuenta de las dificultades generadas por la pandemia y lo imprevisible de su llegada, se termina por evidenciar compartido y originado en las propias comunidades autónomas y, sobre todo, en la que más había servido de ariete del acoso y derribo.
Lo que no quiere decir que cuando termine y se supere la epidemia no haya que exigir responsabilidades a todos y analizar los defectos estructurales que facilitaron o no frenaron mejor los daños para que no vuelva a ocurrir. Pero lo que a su vez es imprescindible es observar la perversión y el indecente populismo con que se usan las dificultades y las victimas como herramientas políticas con fines partidistas, que acreditan una manera de hacer que ha debería tener su castigo en el reproche popular en lugar de en su aceptación y conformidad.