El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, la presidente de la Comunidad de Madrid, no pidió el aval de las restricciones al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) al amparo de la ley orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública.
Lo hizo invocando la Ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, que no es orgánica. Y lo hizo sabiendo que el TSJM podría revocar las medidas que afectan a la movilidad al no ser una ley orgánica, como así hizo. Es decir, no puede limitar derechos fundamentales, como sí lo puede hacer una orgánica.
Ahí radica la diferencia respecto a otras Comunidades Autónomas que sí recurrieron como marco legal a la Ley Orgánica 3/1986 mencionada. Por eso, en otras autonomías, los tribunales correspondientes no tuvieron recelo alguno en ratificar las medidas, en cumplimiento de la orden ministerial que entró en vigor el pasado 2 de octubre. Ello, pese a que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón las haya tumbado para el confinamiento perimetral de La Almunia.
De hecho, hasta en otras seis ocasiones Díaz Ayuso acudió a los tribunales para restringir derechos fundamentales al amparo de esta ley. En cambio, en esta ocasión no lo hizo, lo que ha levantado la sospecha de que lo hizo intencionadamente.
No puede calificarse de negligencia. Ni siquiera de torpeza. De este modo, el TSJM se vio forzado a tumbar las restricciones que afectaban a la movilidad de los ciudadanos de Madrid. Actuó correctamente porque no se ajustaban al marco legal adecuado. Dejó vigentes las demás medidas porque no afectaban a derechos fundamentales.
La actuación de la presidente madrileña no fue negligente, fue temeraria. Sabía que, de este modo, su terquedad ‘triunfaría’ y abrió una ventana temporal extremadamente peligrosa. Durante más de un día, los madrileños tuvieron toda la libertad para moverse por donde quisieran sin temor a ser sancionados.
Muchos madrileños fueron irresponsables
También es verdad que la falta de responsabilidad de muchos, o algunos, madrileños, contribuye a ello. Durante más de un día pudieron salir de los municipios cerrados perimetralmente o entrar en ellos sin tener que justificar nada. Y también permitió que forasteros entraran, se quedaran o volvieran a salir de esas localidades, en especial Madrid capital.
Durante más de un día, al margen de la responsabilidad de las personas, el virus pudo volver a expandirse por todo el territorio nacional, a excepción de aquel que sí acató y aplicó las medidas de restricción. Así lo hicieron, al poco, León y Palencia.
Nada impidió, legalmente –otra cosa es moralmente– durante todas esas horas que madrileños contagiaran a otros madrileños o a foráneos y viceversa. Por supuesto que muchos podían ignorar que estaban contagiando a otros, sobre todo si son asintomáticos. Y ese es otro peligro.
No es negligencia, ni torpeza. Isabel Díaz Ayuso y su mordaz consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, no actuaron al amparo de la ley adecuada. Tampoco Enrique López, su consejero de Justicia, Interior y Víctimas, que de estas cosas debería saber, o apañados estamos.
No lo hizo porque quería imponer su criterio, algo que a la postre de nada ha servido salvo para poner, de nuevo, en riesgo la Salud Pública. En definitiva, forzó la declaración del estado de alarma por parte del Gobierno central. Tal vez es lo que quería, a saber por qué oscuros motivos. Ahí lo dejo.
Las demás Comunidades asumieron como propia la orden ministerial e invocaron la Ley Orgánica referida. Todas, menos Madrid, incluso las gobernadas por el PP, como Castilla y León o Andalucía.
Ayuso sí lo hizo bien en otras ocasiones al amparo de la norma correcta
La presidente madrileña y su Ejecutivo sí actuaron al amparo de la ley correcta en otras ocasiones en que la iniciativa no era suya, como sucedió con la prohibición de fumar en las terrazas o en las vías públicas si no se guardaba una determinada distancia. Esto nació de una orden ministerial como la de ahora.
Y a todo esto, ¿nadie se dio cuenta? ¿No sabía el Gobierno central que se había solicitado el aval pertinente invocando la ley incorrecta? Muchos interrogantes que más tarde que temprano tendrán respuesta, o no.
En el Ejecutivo de Sánchez se sorprendieron por el hecho de que “curiosamente” no se recurriera a la ley del 86. Sostienen la tesis de que lo hizo intencionadamente.
Más allá de interpretaciones, los hechos son los que son. Ayuso se amparó en una ley que sabía que no podía limitar derechos fundamentales. El TSJM actuó como se esperaba y todo ello forzó y precipitó la declaración del estado de alarma. Por motivos económicos, políticos o de arrogancia, la presidente regional jugó con la salud de madrileños y foráneos.