La nueva Autoridad del Cliente Financiero tendrá como objetivo supervisar para unificar los criterios de gestión de las reclamaciones entre clientes y bancos.
Para su creación se redactó una ley que esta semana hará frente a su último trámite en el Congreso en el debate y votación en Pleno.
En principio, no se esperan sorpresas ya que superó su fase en comisión, en la que sólo se opuso Vox, al considerar a la Autoridad innecesaria.
Al final, la formación que preside Santiago Abascal presentó una enmienda de totalidad. Por su lado, PP y Junts se abstuvieron.
Así, para llegar a este punto en que saldrá adelante el proyecto de ley de la Autoridad del Cliente Financiero, todos los grupos tuvieron que hacer cesiones.
De todas las enmiendas presentadas, la más importante y que mayores dificultades supuso es la relativa al modo de financiación del organismo.
Mientras que el Gobierno proponía una tasa fija de 250 euros a pagar por parte de los bancos por cada reclamación que la Autoridad admitiera, el sector bancario y varios grupos parlamentarios lo rechazaron.
Ante ello, el Ministerio de Asunto Económicos aceptó negociar la financiación.
De este modo, varios grupos consensuaron una enmienda transaccional de forma que se premie a los bancos que más acuerdos alcancen con sus clientes. También, que se castigue más a los que menos cumplan.
Finalmente, la Autoridad cobrará una tasa anual que oscilará según la entidad y los acuerdos que se alcancen.
Al margen de la Autoridad del Cliente Financiero
Por otro lado, la ley no regulará sólo la creación de este organismo. Modifica, además, normas que afectan al funcionamiento de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y en materia de subvenciones.
Acerca de esto último, se introdujo una enmienda por la cual empresas morosas podrán participar en subvenciones por encima de 30.000 euros con cargo a los fondos europeos.
Más concretamente, empresas emprendedoras que se podrán acoger a las ayudas que se desplegaron en el último decreto anticrisis.
Pero la cosa no es tan sencilla. A los seis meses habrá una revisión. Si la empresa no se encuentra al corriente de pago, se le podrá exigir la devolución íntegra de la ayuda.
Además, se introdujo una nueva fórmula para flexibilizar el modo de financiación de los proyectos elegidos en el marco del llamado Perte Chip.
Por último, se incluyeron cambios respecto a la garantía de una mejor atención a personas con discapacidad en los bancos.
Asimismo, se impondrán multas mayores para las reclamaciones que se hayan presentado con mala fe.