Los desalojados de un centro de tránsito viven ahora bajo la amenaza constante de sufrir violencia a manos de la comunidad local.
En un informe hecho público, Amnistía Internacional denuncia que el Gobierno australiano ha abandonado a cientos de refugiados y solicitantes de asilo en Papúa Nueva Guinea. Así, en el documento se constata que se les trasladó instalaciones más nuevas pero inadecuadas. “Trasladar a los refugiados y solicitantes de asilo de una situación infernal a otra no es una solución, solo es una prolongación del desesperado sufrimiento al que están sometidos. Los nuevos centros de la isla de Manus no son solo un riesgo para la seguridad, sino que además dejan sin servicios básicos a las personas que viven en ellos”, ha señalado Kate Schuetze, investigadora de Amnistía Internacional para Oceanía, quien añade que “en lugar de implementar formas nuevas y creativas de eludir su responsabilidad y violar el Derecho Internacional, el Gobierno australiano debe poner fin a esta política deliberada de crueldad y abandono. Debe hacer lo único que es seguro y legal: llevar a estos hombres a sus propias costas y brindarles la protección que necesitan y merecen”.
A finales de octubre de 2016, las autoridades australianas retiraron los servicios al centro inicial de refugiados de la isla de Manus, donde se encuentran cientos de personas desde 2013, enviadas allí como resultado de la política australiana de “tramitación extraterritorial de solicitudes de protección internacional”, ilegal. Los hombres del centro organizaron protestas pacificas, negándose a marchar, pero la policía de Papúa Nueva Guinea los desalojó a la fuerza y los trasladó a tres centros más nuevos. Según la investigación que ha llevado a cabo Amnistía Internacional, entrevistando a 55 refugiados y solicitantes de asilo, los nuevos centros no son seguros ni resuelve los problemas fundamentales de la “tramitación extraterritorial”, carecen de infraestructuras básicas de seguridad, como vayas, y están muy cerca de la localidad de Lorengau. En los últimos años, varios refugiados han sido atacados por residentes locales y en ninguno de los casos ha dado lugar a algún tipo de procesamiento o a hacer rendir cuentas a los responsables, lo que socava más la confianza en las autoridades y alimenta un clima de impunidad. A esto se añade la reciente disputa entre dos empresas de seguridad, una de ellas en contratada por el Gobierno australiano, lo que ha generado confusión respecto a quién proporciona seguridad a los refugiados.
Clima creciente de inseguridad
La cooperante de Amnistía Internacional señala que “los refugiados nos han contado que les han robado y agredido tanto en la isla de Manus como en Puerto Moresby. La policía se ha negado a actuar incluso sobre los casos más graves de violencia. El balance final es que Papúa Nueva Guinea no proporcione una solución segura y sostenible a los refugiados enviados allí por Australia”. A esta denuncia se añade lo señalado recientemente por la Agencia de la ONU para los Refugiados: “Aunque no hay vigente un toque de queda formal, la policía local ha aconsejado a todos los refugiados y solicitantes de asilo que vuelvan a sus alojamientos antes de las seis de la tarde, para mitigar los riesgos a su seguridad”.
A los problemas de seguridad, y como consecuencia de ellos también, así como el trauma de la detención prolongada, se une que el 88% de los refugiados sufren depresión o trastorno de estrés postraumático. Los nuevos centros solo tienen una pequeña clínica y un hospital público. Se ven sometidos a fuertes restricciones de su libertad de circulación y la mayoría no pueden salir de los centros de alojamiento, viéndose obligados a sobrevivir con una prestación básica insuficiente para cubrir sus alimentos, medicinas y otros gastos. Papúa Nueva Guinea no proporciona a los refugiados una condición regularizada, acceso a viajes y a documentos de identidad o la posibilidad de obtener un trabajo duradero, algo esencial para su integración. Para la mayoría de los refugiados que lo han intentado ha sido prácticamente imposible, debido a las dificultades para ganarse la vida y la constante amenaza de la violencia. Sólo unos pocos, 83 hasta ahora, han sido reasentados en Estados Unidos, en un proceso largo y arbitrario, no al alcance de todos, mientras las autoridades australianas no proporcionan opciones viables y sostenibles para los refugiados. En palabras de Kate Schuetze, “el Gobierno australiano debe poner fin a su cruel política de detención extraterritorial, y debe llevar de inmediato a las personas refugiadas y solicitantes de asilo a Australia o a un tercer país seguro. A corto plazo, las autoridades de Papúa Nueva Guinea y de Australia deben hacer todo lo que puedan para garantizar que se protege la seguridad de los refugiados. Deben garantizar que estos hombres tienen cubiertas sus necesidades básicas y que su seguridad no corre peligro”.