Con la denuncia de Luis Pineda, presidente de Ausbanc, contra Francisco González, ex presidente del BBVA, contra el propio BBVA, Julio Corrochano, ex jefe de seguridad de la entidad bancaria, José Manuel Villarejo, ex comisario en prisión provisional, y su colaborador Antonio Bonilla, se culmina otra de las consecuencias de los supuestos casos de espionaje a varias personas y altos cargos que el banco habría encargado al ex comisario. En concreto, la querella presentada en la Audiencia Nacional por Pineda los acusa de integración en una presunta organización criminal que habría conspirado para llevarle a los tribunales.
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La denuncia tiene su base en las informaciones que fueron difundidas por distintos medios de comunicación acerca de los trabajos que Villarejo vino desarrollando para el BBVA y que actualmente son objeto de investigación en la Audiencia Nacional. Así, el ex policía recibió el encargo de acabar con Ausbanc porque los litigios que mantenía contra el banco “le estaban costando miles de millones de euros”.
Durán & Durán, la firma de abogados que representa a Pineda sostiene que el presidente de Ausbanc representaba un “elemento perturbador” para el BBVA, por lo que la intención era “destruirle a toda costa”. Con ese objetivo, “procedió al abono de cantidades exorbitantes de dinero a funcionarios públicos, más que dos millones de euros, a modo de ‘prima de éxito’” para lograr “la admisión y tramitación de una denuncia frente a Ausbanc” –ya hubo otra que rechazó Consumo-, así como “la gestación de una ‘denuncia anónima’ ante la UDEF” que llevara a la “apertura de un proceso judicial” contra él.
Este último se inició después de una denuncia de febrero 2015 cuya instrucción corrió a cargo del Juzgado Central número 1 de la Audiencia Nacional y que ha finalizado cuatro años después. De hecho, Pineda deberá sentarse en el banquillo acusado de delitos de extorsión, organización criminal, estafa y blanqueo. La Fiscalía pide más de cien años de cárcel.
En opinión del presidente de Ausbanc, la denuncia fue una “filfa” y para demostrarlo señala que después de aquella denuncia anónima ante la UDEF habían transcurrido “tan sólo siete días” cuando ya se tenía laboral todo un informe contra su actividad en la entidad que preside. Además, en la querella se recuerdan los vínculos de Villarejo con esta unidad policial, algo que ha quedado acreditado en la instrucción de la investigación de las actividades del ex comisario.
Así, ofrece un testigo “vinculado al ámbito empresarial del BBVA” que “teme por su integridad personal y familiar”, pero que declararía bajo secreto para acreditar los hechos.