La formación morada le acusaba de un posible delito de prevaricación por convocar un Pleno respecto a la decisión de quién debe pagar el impuesto de las hipotecas.
El auto dictado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo declara su falta de competencia sobre el conocimiento de la denuncia que Podemos había presentado contra Luis María Díez-Picazo, presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo de ese tribunal, publica Europa Press.
Díez-Picazo ha convocado un Pleno de la Sala el próximo 5 de noviembre para tratar la decisión adoptada la semana pasada cambiando el criterio de quién debe asumir el pago del impuesto sobre actos jurídicos documentados y que dice que debe hacerlo la banca. Por este motivo, la formación morada se había querellado contra el magistrado por un presunto delito de prevaricación.
En la resolución se señala que la sala correcta para las acciones contra los magistrados del Supremo es la especial del artículo 61. Por esta razón, queda archivada la actuación en la Sala de lo Penal “sin perjuicio del derecho que asiste al querellante a reproducir su petición ante el órgano correspondiente”, reza el escrito.
En la querella, Podemos también pedía que fuera suspendido el Pleno convocado por el Presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo.
La intención de la formación que lidera Pablo Iglesias es que se aclaren los motivos “espúrios” que habrían llevado a Díez-Picazo a la convocatoria del Pleno y, además, pide al alto tribunal que tome declaración al acusado y recoja todas sus resoluciones al respecto, así como “el listado de llamadas, e identificación de los titulares de las líneas telefónicas, recibidas por Díez-Picazo tanto a sus teléfonos particulares como a los teléfonos de su despacho en el Tribunal Supremo, entre los días 16 y 19 de octubre de 2018, ambos inclusive”.
Asimismo, el partido confederal pedía al tribunal que recoja el acta de la reunión del 22 de octubre de 2018 entre Carlos lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Díez-Picazo y los seis jueces de la Sección Segunda de la Sala Tercera que dictaron la sentencia en la que se cambia la jurisprudencia.
Podemos justifica su querella en que “no hay precedentes” de la convocatoria de un Pleno de una sala después de dictarse una sentencia “con la excusa de que tiene repercusión económica y social”. “Claro que la sentencia tiene repercusión económica y social, pero una repercusión que ha sido favorable a los contribuyentes particulares prestatarios”, se señala en la querella, mientras que la decisión del presidente de la Sala “beneficia únicamente a las entidades financieras y no al conjunto de la sociedad”.