Madrid Central hace aguas. Al menos en lo que se refiere a las multas impuestas, cuya anulación confirmó el Tribunal Supremo el pasado 10 de mayo.
A ello se han unido dos sentencias de los tribunales relativas a dos sanciones administrativas que se basan en el auto del Alto Tribunal. No cabe recurso y el Ayuntamiento de la capital deberá, además, pagar las costas. Son 200 euros en cada caso.
Lo importante no es el caso de estas dos multas de Madrid Central porque los afectados no había llegado a pagarlas. Lo verdaderamente serio es qué ocurrirá con 1.393.000 de sanciones impuestas y abonadas por los multados.
Aunque el Consistorio no ha precisado cuántas de ellas ha cobrado, supondría una recaudación de 125 millones de euros. 62 millones si se hubieran abonado con la rebaja del pronto pago.
El Ayuntamiento debería devolver de oficio los importes, sostienen varios gabinetes jurídicos especializados en estas lides. Sin embargo, asumen que las personas afectadas recuperarán su dinero sólo si lo reclaman.
La responsable de este fallo de los tribunales es Pyramid Consulting, una de las empresas más fuertes del sector y especializada en recurrir multas.
Madrid Central supone millones de recaudación
En una nota de prensa explica que “las multas impuestas durante este periodo y por este motivo –la vigencia de Madrid Central— resultan nulas”. “Miles de usuarios se han visto afectados, habiendo generado hasta la fecha ingresos millonarios para las arcas del Ayuntamiento de Madrid”.
Es lo que está en juego, millones de euros. Sin embargo, no queda claro cómo debe actuar el Consistorio de la capital. Miles de llamadas, aseguran desde esta consultora, se recibieron a las pocas horas de conocerse la sentencia del Supremo.
La Administración municipal deslizó, entonces, que ni un céntimo de lo recaudado saldría de las arcas del Ayuntamiento. En cambio, las compañías especializadas están dispuestas a llegar hasta el final y plantar cara al Consistorio de la capital.
La polémica jurídica está servida. Y es que José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, se enfrenta a un enorme agujero en las cuentas municipales si los sucesivos fallos de los tribunales le obligan.
En caso de que los jueces den la razón a todos y cada uno de los recursos, el Ayuntamiento de la capital tendría que desembolsar 278 millones de euros. Eso sí, suponiendo que lo condenen en costas.
Pese a todo, Almeida dijo, al conocer la sentencia, que las multas seguirían tramitándose.
El jueves tuvo que recular. Por ahora, no habrá multas, como medida “provisional” hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) le diga cómo actuar. Por si las moscas, las cámaras seguirán grabando y haciendo fotos.
Lo paradójico de todo esto es que, cuando el PP estaba en la oposición y Manuela Carmena llevó adelante Madrid Central, Almeida atacó el proyecto.
Las paradojas del PP
Ahora sostiene que las sanciones se ajustan “a derecho”, mientras se enfrenta a las consecuencias de lo que su partido denunció. A finales de julio del año pasado, el TSJM anuló Madrid Central por “defectos formales”.
En un auto, el Supremo rechazó el recurso que presentó Ecologistas en Acción. En la resolución judicial se estimaban los argumentos que el Grupo Municipal Popular esgrimió. Los populares defendían que la ordenanza no se había tramitado correctamente.
De pronto, aunque se veía venir, el alcalde se enfrenta a dos cuestiones clave. De un lado, qué hacer con las multas. De otro, aprobar cuanto antes Madrid 360 –casi lo mismo que Madrid Central— o le caerá a él una multa millonaria desde la Comisión Europea.