Anticorrupción reconoce que están desbordados

Anticorrupción reconoce que están desbordados

En 2017 se incoaron 39 investigaciones.
En su memoria anual, la Fiscalía General del Estado ha indicado que Anticorrupcion ha abierto 39 diligencias de investigación en 2017. Se tratan de cifras superiores a las del año anterior, pero avisa de que faltan medios materiales y personales y que el Ministerio Público está desbordado.

En dicha memoria, se repasan las causas concretas que se han investigado durante el año pasado o aquellas que a día de hoy siguen abiertas o pendientes de juicio y en las que ha participado la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.

Así, queda reflejado que en 2017 Hugo 609 procedimientos judiciales, que son 85 más que en 2016, y se abrieron 39 diligencias de investigación, 2 más que el año anterior. A estas se suman 42 que estaban en trámite cuando finalizó 2016. En consecuencia durante 2017 se tramitarán un total de 81 diligencias de investigación.

Igualmente, se subraya el incremento de las sentencias que acaban en condena sobre causas de corrupción. De las 34 resoluciones, 33 fueron condenatorias de los investigados. Sin embargo, la Fiscalía acuso en 46 ocasiones menos que en 2016, parecidas cifras a las de 2015.

La Fiscalía hace un análisis del comportamiento de la corrupción y su evolución. Desde la crisis, la corrupción ha cambiado y ha hecho evidente “el mal funcionamiento de buena parte del sector bancario español”. Algunos de sus consejos de administración fueron “muy politizados y poco profesionales”.

Y esto mismo sucede en la llamada “moderna corrupción”. En ella, “la frontera entre lo público y lo privado aparece hoy especialmente desdibujada” porque en numerosas ocasiones los empresarios privados detentaron la ejecución o prestación de servicios públicos.

La lucha contra la corrupción, destaca la Fiscalía, sigue estando entre los “focos prioritarios” por la pérdida que se provoca en la confianza de los ciudadanos en las instituciones y por el daño que ocasiona al “correcto funcionamiento” de la Administración.

Ministerio público, al respecto de ello, se compromete a cortar la duración de los procedimientos aunque no pueda dirigir las investigaciones. Además, recuerda que el plazo máximo prorrogable de 18 meses marcados por la Ley de Enjuiciamiento Criminal para instruir una causa es insuficiente. La mayoría de los casos son de gran complejidad.

Además, reitera la falta de medios personales y materiales y agradece la “indispensable” colaboración de los cualificados técnicos y peritos de las administraciones, en especial en materias bancarias y financieras, y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Se hace hincapié, también, en la creciente carga de trabajo que hace que los fiscales estén “desbordados”, con jornadas de trabajo “interminables” en el estudio de un asunto y que la situación está cercana a la “saturación”.

Por ello, se pide el aumento el departamento dirigido por Alejandro Luzón en diez plazas. Ocho de ellas servirían para consolidar las que han estado en comisión de servicios a causa del volumen de causas complejas y el comienzo de varios juicios orales de larga duración, como es la pieza principal del caso Gürtel.

Pero no solo la Fiscalía Anticorrupción necesita aumentar su plantilla. El Ministerio Público pide el aumento de trabajadores en las Unidades de Apoyo, como son la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Intervención General de las Administraciones del Estado. Igualmente en la Unidades Adscritas Policiales, como la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Ambas asesoran permanentemente y aportan información técnica a anticorrupcion.

Por otro lado, el Ministerio Público reitera la necesidad de disponer con una aplicación informática para conocer y evaluar el estado de la tramitación de una causa. Además, contar con un programa capaz de relacionar y tratar la información procedentes de diferentes bases de datos nutridas con la propia de los procedimientos y de registros mercantiles, de la propiedad o de organismos como el SEPBLAC.

La Fiscalía señala que los actuales sistemas informáticos inciden en el “adecuado conocimiento y gestión” de la información en grandes causas como Púnica o Lezo, puesto que no hay un sistema de almacenamiento de gran capacidad al que varios intervinientes puedan acceder simultáneamente.

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