Teddy Bautista, cantante, actor y ex presidente de la Sociedad General de Autores (SGAE), se enfrenta a la petición de cuatro años de cárcel e indemnización de 29,8 millones de euros que ha hecho la Fiscalía Anticorrupción por su gestión presuntamente ilegal del proyecto Arteria, orientado principalmente a invertir en “espacios escénicos”.
El Ministerio Público pide también contra Bautista siete años de prisión y multa de 135.000 euros por el supuesto desvío de fondos de la SGAE, un juicio que afrontará junto a otros diez investigados en la trama.
El fiscal ha finalizado el escrito de acusación del proyecto Arteria en el que recorre la trayectoria del ex presidente de la SGAE al frente de esta, en la que, destaca, ostentó el “máximo poder de decisión de ejecución”.
Tal es así, argumenta la Fiscalía, que los órganos de la organización estaban supeditados a las designaciones de Bautista sin “contrapeso efectivo” porque las herramientas para el control “sufrieron una progresiva degradación, cuando no eliminación, en paralelo a la acumulación de poder”.
En el escrito se detalla que el artista inició el proyecto en 1999 con el fin de dotar a la Fundación Autor y a la SGAE de una red de “espacios singulares” orientados a dar a conocer a la sociedad al público como “entidad cultural e importante”.
De ahí que constituyera Iberautor Promociones Culturales, que una década después paso a llamarse Arteria Promociones Culturales. Con el proyecto Arteria pretendió ir más allá en la estructura social de la SGAE desde que llegó a su presidencia.
“No suponía más que una extensión de sus enormes prerrogativas”, reza el documento, en cada una de las organizaciones del Grupo SGAE, evitando así “la creación de una auténtica estructura directiva ordenada y funcionalmente responsabilizada”.
La empresa invirtió más de 259 millones de euros en España y en el extranjero, comprando teatros –el Lope de Vega y el Coliseum de Madrid-. Ésa fue la llamada Operación Gran Vía, que supuso un coste de un tercio de lo invertido.
Según la Fiscalía, Bautista hizo uso de su posición preeminente en la sociedad gestora de los derechos de autor para hacer creer que esta operación era una oportunidad de negocio utilizando “una progresiva escalada de tergiversaciones de la realidad”.
Supuestamente, en dicha operación se habría pagado un “sobreprecio” de más de 80 millones de euros.
El Ministerio Público señala que “en realidad respondió a una decisión de su exclusiva voluntad, gestada y acordada a espaldas de los órganos correspondientes, con déficit absoluto de estudios solventes y objetivos, y, en fin, contraria a los intereses de la entidad que representaba y dirigía, más allá del carácter ‘visionario’ de la misma que el propio acusado reconoció que concurría en ella”.
Ante la SGAE, el que fuera su presidente justificó las compras de los teatros con que Arteria debía tener presencia cultural en Madrid con la pretensión de crear el “Broadway madrileño”, desde Callao a Plaza de España.
Igualmente, en una presunta reunión con el Ayuntamiento de Madrid habría expuesto unos planes para mitigar el efecto de la no concesión de los Juegos Olímpicos. Se trataba de un gran proyecto cultural con dos ejes.
Uno de ellos iría de norte a sur, integrando los museos más emblemáticos de la capital hasta la estación de Chamartín. El otro sería de esta a oeste, partiendo del barrio Salamanca-Retiro hasta Plaza de España.
En consecuencia, la Fiscalía entiende que “desembocó, como ya sucedía en el resto de la organización, en una concentración y falta de rigor de las decisiones meramente personalistas que acometió y que le eran sometidas a su criterio de forma asistemática por quienes por él fueron situados en diversos órganos y comités con supuesta participación en el proyecto”, concluye.