Jeanine Áñez, la expresidente interina de Bolivia, continuará en prisión preventiva, y se amplía el periodo de detención de cuatro a seis meses. Así lo ha decidido la Justicia boliviana tras una audiencia de apelación que ha durado ocho horas.
En esa sesión, la Procuraduría General del Estado, la Fiscalía y el Ministerio de Gobierno de Bolivia han pedido a un juzgado de La Paz ampliar el período de reclusión a seis meses.
Afecta, además de a Áñez, los exministros Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán. Entretanto, se investigará si cometieron unos supuestos delitos de sedición, conspiración en el llamado caso golpe de Estado.
En contra de la decisión, se ha compartido un certificado médico fechado el 18 de marzo en el que se indica que la expresidente “padece de hipertensión”. Además, “actualmente padece de un nuevo episodio de crisis hipertensiva”. Por ello, “se debe monitorizar y medicar de manera apropiada, para preservar el estado de salud”.
La exmandataria se declaró en huelga de hambre el pasado viernes, con un cuadro de depresión. Por esa razón, se pidió su traslado a una clínica. Un juzgado de La Paz lo autorizó, pero la Procuraduría de Bolivia lo revocó.
Lo que sí se hizo fue trasladarla desde la prisión de mujeres de Obrajes al centro penitenciario de Miraflores. Dicho traslado se debió a “razones de seguridad y para que cuente con condiciones y equipos para atender su problema de salud”.
Por su lado, Coimbra ha escrito un mensaje en su cuenta de Twitter en el que califica la decisión de mantenerlo encarcelado de “ilegalidad y abuso”.
El pasado domingo 14 de marzo se envió a la cárcel a los tres acusados tras su detención en Beni, en cumplimiento de órdenes fiscales.
Estas actuaciones se enmarcan en la denuncia de la exdiputada Lidia Patty reclamando medidas para dirimir responsabilidades por la dimisión de Evo Morales en noviembre 2019.