Dice que el Estado “está liquidando el modelo autonómico”.
En una entrevista en Radio Euskadi, Agustí Alcoberro, vicepresidente de ANC, denuncia la intención del Gobierno de utilizar el artículo 155 para imponer el castellano como lengua vehicular en Cataluña y advierte de las “consecuencias imprevisibles” que puede conllevar que el Estado está “liquidando el modelo autonómico catalán”. Igualmente, Alcoberro señala que “se gobierno por teléfono y, en todo caso, con visitas que los directores o secretarios generales a Madrid”. Denuncia que el asunto se complica por no existir presupuestos y la intención del Ejecutivo central de parar la inmersión lingüística. “Se están empezando a tocar algunos elementos que son fundamentales en el modelo social y de convivencia de Cataluña”. “Lo que se está produciendo no es la laminación, si no la liquidación de un modelo autonómico construido a lo largo de 40 años, y, por tanto o, va a tener unas consecuencias imprevisibles”, por lo que reclama un consenso amplio “en temas como el de la educación, que no sólo es un consenso político, sino que, sobre todo, es un consenso de la comunidad educativa”, advirtiendo que la grave situación a la que se puede llegar por la actuación del Gobierno del PP.
Por su parte, Marcel Mauri, vicepresidente de Òmnium Cultural, en esa misma línea ha asegurado que “la inmersión lingüística es un modelo de éxito en Cataluña y de consenso” y que todos los partidos catalanes, salvo PP y Ciudadanos, están de acuerdo. Según Mauri, el catalán supone “cohesión social y avanzar como un solo pueblo” y afirma que “los niños cuando salen de la escuela pueden dominar los dos idiomas”. Según el vicepresidente de la asociación soberanista, la discriminación que sufre el castellano en Cataluña “es una falacia y una invención” de populares y Cs y ahora quieren conseguir con el 155 “lo que no han conseguido a través de las urnas”, porque “nunca han conseguido los votos suficientes en el Parlament para destruir este modelo”.
Puigdemont y un Govern legal
Mauri entiende que se puede investir a Puigdemont y constituir un Govern legal en Cataluña, señalando que “todos los partidos en Cataluña quieren actuar centro de la legalidad, siempre lo han querido, y ha sido siempre el Gobierno del Estado el que se ha negado a aceptar el diálogo para buscar vías pacíficas, democráticas y políticas para solucionar un problema que es político. No hay ninguna voluntad de saltarse la legalidad”, y de ahí que lo dicho por Marta Pascal, a su juicio, “lo podrían suscribir todos los partidos”, insistiendo en la idea de que el problema viene motivado por el Gobierno español: “el foco no lo tenemos que poner en Barcelona o en Bruselas, si no en el Gobierno español, que sigue sin aceptar los resultados de las elecciones”. En esa línea, Alcoberro ha asegurado que “inevitablemente, se tiene que llegar a un consenso político para encontrar una solución que, por otra parte, tiene que ser un poco imaginativa”.