Se silencia a los defensores de los Derechos Humanos.
Un informe de Amnistía Internacional dice que la represión que está ejerciendo el Gobierno de Turquía provoca un clima de terror que se traduce en “amenazas, acoso y encarcelamiento” en un marco de “represión sostenida y creciente”. Gauri van Gulik, directora de esta organización para Europa, destaca el profundo impacto de la represión que ha llevado a “detenciones y destituciones en masa, al vaciado del sistema jurídico y al silenciamiento de los defensores de los Derechos Humanos”. “Al amparo del estado de excepción las autoridades turcas se han dedicado deliberada y metódicamente a desmantelar la sociedad civil, encerrar a quienes defienden los Derechos Humanos, cerrar organizaciones y crear un asfixiante clima de terror”.
En julio de 2016, tras una intentona golpista, se declaró el estado de excepción en Turquía y se ha prorrogado la semana pasada. El informe de Amnistía Internacional, titulado Aguantando la tormenta: defender los Derechos Humanos en el clima de terror en Turquía, refleja que las autoridades turcas abrieron 100.000 investigaciones penales contra personas y, al menos, 50.000 han sido detenidas y están a la espera de juicio. La purga llegó también al sector público dejando sin trabajo a 107.000 funcionarios y 1.300 ONG han sido cerradas. Así, la organización denuncia violaciones de libertades como la de reunión, asociación o expresión, así como el incumplimiento del derecho a un juicio justo, a causa de las políticas impulsadas por Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, en aras de la seguridad nacional.
Objetivo: periodistas y defensores de los DDHH
“Se han utilizado leyes antiterroristas y cargos falsos relacionados con el intento de golpe de Estado para atacar y silenciar la disidencia pacífica ilegitima”, dice un comunicado, que advierte de que los arrestos de periodistas y defensores de los Derechos Humanos, entre ellos Taner Kiliç, presidente de honor de Amnistía Internacional en Turquía, son solo “la punta del iceberg”. Tres periodistas, Nazli Ilicak, Ahmet Altan y Mehmet Altan, fueron condenados a cadena perpetua bajo el cargo de intentar derrocar el orden constitucional, “simplemente por llevar a cabo su labor periodística”, y su abogado podría ser condenado a la misma pena por criticar al Gobierno en distintos foros. Una defensora de los Derechos Humanos, Sebnem Korur Fincanci, dice tener miedo de ser detenida en cualquier momento y que, por ello, “en casa tengo una bolsa siempre preparada”.
En enero, Turquía lanzó una ofensiva militar en Afrin, una región siria, y, hasta el 26 de febrero, se detuvo a 845 personas por publicar mensajes en redes sociales. Ali Erol, una activista, estuvo bajo custodia cinco días después de difundir la imagen de un olivo junto a mensajes contra la guerra en la red social Twitter, por lo que está siendo investigado por “propaganda de una organización terrorista” e “incitar a la gente al odio y la enemistad”. En este entorno, Osman Isçi, secretario general de la Asociación de Derechos Humanos, advierte de que cualquier cosa puede ocurrir en ese clima arbitrario e impredecible, lamentando que “no se puede impugnar en la práctica, así que la situación es de impunidad”. La abogada Eren Keskin, implicada en 140 procesos, admite que la situación ha acabado provocando un efecto disuasorio en un amplio sector de la sociedad civil y reconoce que tiene que “pensárselo dos veces antes de hablar o escribir”. Van Gulik reclama a la comunidad internacional que exija a las autoridades turcas el levantamiento “de las restricciones a las organizaciones de la sociedad civil, que pongan fin a la represión de las libertades y que eliminen el clima de temor e intimidación”.