Tras la polémica suscitada por las declaraciones de Carmen Calvo, la vicepresidente del Gobierno en funciones, Alberto Garzón, coordinador federal de Izquierda Unida, ha registrado una pregunta en el Congreso para conocer “a cuánto ascendería la multa si [el Open Arms], en lugar de salvarles la vida a más de 160 personas, las hubieran abandonado, desobedeciendo el Derecho Internacional y vulnerando los Derechos Humanos”.
“Rescatar vidas humanas en peligro en el mar es una obligación impuesta por el Derecho Internacional, como establece la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar”, ha destacado Garzón. Según ha argumentado, gracias a la labor de la organización humanitaria se puso “fin a la larga angustia vivida y salvar la vida a más de 160 personas”.
Calvo señaló que el navío Open Arms no tiene licencia para llevar a cabo rescates en el Mediterráneo y ello podría suponerle una sanción de 901.000 euros.
Por otro lado, Podemos ha tomado la decisión de no pedir la comparecencia de Pedro Sánchez, jefe del Ejecutivo en funciones, ante el Pleno del Congreso para dar explicaciones acerca de la gestión del Gobierno en la crisis del barco de la organización humanitaria y ha optado por que las de la vicepresidente.
PP y Ciudadanos sí pidieron la comparecencia de Sánchez. En cambio, según ha explicado Ione Belarra, portavoz adjunta la formación morada, optan porque sea Calvo quien lo haga puesto que el presidente estaba de vacaciones y fue la vicepresidente quien gestionó el asunto.