La Fiscalía Anticorrupción había presentado una querella contra los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño por un supuesto delito de estafa.
En la mañana de este jueves, el juez de Instrucción número 47 de Madrid la ha admitido a trámite.
Presuntamente, ambos empresarios cobraron comisiones millonarias por la compra de material sanitario para Madrid durante la primera ola de la epidemia.
Según la querella, Medina y Luceño son autores de unos supuestos delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales.
La comisión de estos delitos se habría llevado a cabo mediante irregularidades en una operación de compra-venta de material sanitario en marzo de 2020.
Así, después de Semana Santa, entre otras diligencias, los dos querellados declaran ante el juez instructor, así como los testigos necesarios para esclarecer los hechos.
Además, el magistrado ha ofrecido al Ayuntamiento de Madrid que se persone en el procedimiento como acusación particular. Las diligencias no son secretas, señalan fuentes judiciales.
En ese sentido, José Luis Martínez Almeida, alcalde de la capital, anunció que el Consistorio se personará en la causa como perjudicado.
Con ello pretende “ejercer todas las acciones para que, en caso de que hubiera habido una estafa, el Ayuntamiento de Madrid pueda recuperar el dinero”.
De acuerdo con la querella, ambos empresarios, actuaron “de común acuerdo” para obtener un “exagerado e injustificado beneficio económico”.
Para ello, “ofrecieron al Ayuntamiento de Madrid la posibilidad de adquirir grandes remesas de material sanitario fabricado en China”.
Medina actuó como contacto
Según el relato, Medina contactó con el Consistorio ya que es un personaje público. Además, tiene “amistad con un familiar del alcalde de Madrid”, algo que este miércoles negó la Alcaldía de la capital.
Tras contactar, obtuvo el nombre de la coordinadora General de Presupuestos y Recursos Humanos del Área de Gobierno de Hacienda y Personal del Ayuntamiento. A ella debía dirigirse para concretar los términos de las operaciones.
A partir de ahí, fue Luceño quien llevó las negociaciones. Se presentó como “experto en importación de productos procedentes del mercado asiático”, según la querella.
Ofreció “fábricas en China”. Además, dijo ser “agente exclusivo de la empresa malaya EEE, a través de la cual se iba a realizar la importación”.
Según manifestó, su única motivación era colaborar en la lucha contra la epidemia. En cambio, el escrito la fiscalía señala que “en realidad, ni tenía experiencia significativa en negocios de importación ni disponía de fábricas en China”.
“Tampoco era agente exclusivo de ninguna empresa malaya ni actuaba movido por ninguna intención altruista”, reza el documento.
Así las cosas, se firmaron tres contratos entre la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid y la empresa malaya EEE. Actuaban como compradora y como vendedora, respectivamente.
Precisamente, la coordinadora General era también consejera de la empresa compradora.
En la querella se detalla que Medina recibió transferencias correspondientes a la comisión pactada con la compañía malaya.
Dicha comisión consistía en un dólar por mascarilla, es decir, un millón de dólares en total, unos 915.000 euros.
Por tanto, según la Fiscalía, “el precio real de venta de las mascarillas era de 2.689.300 dólares” (2.460.647,16 euros). “Los querellados lo inflar artificialmente para llevarse como beneficio neto de la operación 4.000.000 de dólares”. “Es decir, el 148% del precio real del producto”, señala el escrito.
Guantes de nitrilo de baja calidad
Además, importarían guantes de nitrilo. En ese sentido, Luceño aseguró que eran “guantes de 40 mm de longitud, de gran calidad y que cubrían la mayor parte del brazo”.
En cambio, los guantes, recibidos el 8 de abril de 2020, eran de “ínfima calidad” y “sólo llegaban hasta la muñeca”.
Así, la Fiscalía detalla que se pactó una comisión igual de forma que ambos querellados obtendrían cuatro millones de dólares. Es decir, el 426% del precio real del producto.
Sin embargo, puesto que la operación fracasó por la mala calidad de los guantes, Medina y Luceño renunciaron a su comisión para “contentar al Ayuntamiento”.
Respecto a la tercera compra masiva, las comisiones pactadas por la compra de test rápidos eran de unos dos millones de dólares.
En cambio, “la mayoría de las pruebas que recibió el Ayuntamiento de Madrid eran defectuosas”. Sólo 75.000 de los 250.000 test recibidos tenían un nivel de sensibilidad aceptable, del 94%.
Otros 115.000 tenían un nivel de sensibilidad del 80% y un último lote, de 60000, tener una sensibilidad del 66,7%.
En consecuencia, la coordinadora General habló con Luceño para que ese lote se devolviera al vendedor y se recuperara el dinero pagado.
Sin embargo, señala el escrito, “Alberto Luceño contestó que el vendedor no estaba dispuesto a devolver el precio”. En cambio, “sí a enviar una nueva remesa de reactivos para realizar los test”.
“No consta que hasta la fecha se hayan enviado nuevos reactivos ni que se haya corregido de otra manera el defecto de sensibilidad de los test”, apunta la Fiscalía.
Más de 10 millones de euros de coste
Así las cosas, las operaciones supusieron para el Consistorio madrileño alrededor de 10,8 millones de euros. Según la querella, se consiguió “un millón de mascarillas”.
“A pesar de ser de buena calidad, el vendedor habría estado dispuesto a vender por un precio muy inferior al pagado. Concretamente, el 40% de lo que el Ayuntamiento pagó por ellas”, detalla el escrito.
Asimismo, se recibieron dos millones y medio de pares de guantes de nitrilo. Su calidad era “muy inferior y características distintas a las que se le habían ofrecido”.
Por tanto, se pagó “aproximadamente el cuádruple del precio que tenían ese tipo de guantes en un supermercado de Madrid en esas mismas fechas”.
En contraprestación, “Luceño recibió en concepto de comisiones un total de 5.100.000 dólares”, unos 4,6 millones de euros. Los recibió “mediante transferencia remitidas desde Malasia a una cuenta personal”.