Después de once días ininterrumpidos de protestas, el Gobierno de Ecuador y los indígenas han alcanzado un acuerdo. Con él, se establece un nuevo decreto que anula el número 883, que incluía la eliminación de las subvenciones al combustible.
Una comisión se encargará de elaborar dicha nueva ley y de ella formarán parte representantes del Ejecutivo e indígenas y actuarán como mediadores la ONU y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
El representante de Nacional Unidas en Ecuador, Arnauld Peral, ha confirmado que los indígenas aceptan desconvocar las protestas. “Se terminan las movilizaciones y medidas de hecho en todo Ecuador. Nos comprometemos a restablecer la paz en todo el país”, ha dicho.
Lenín Moreno, presidente ecuatoriano, ha señalado que se ha alcanzado “una solución para la paz y para el país: el Gobierno sustituirá el decreto 883 por uno nuevo que contenga mecanismos para focalizar los recursos en quienes más los necesitan. ¡Se recobra la paz y se detienen el golpe correísta y la impunidad!”.
“Es el momento de entender que ceder no es perder y aquí estamos cediendo todos, porque hoy nos quedamos aquí redactando un nuevo decreto”, ha manifestado Juan Sebastián Roldán, secretario particular de Moreno.
Por su parte, Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) reiteró la necesidad de derogar, no modificar, el decreto, a pesar de lo cual ha dado por concluidas las movilizaciones. No obstante, ha exigido la dimisión de María Paula Romo, ministra del Interior, y de Oswaldo Jarrín, ministro de Defensa.
Precisamente, Romo ha subrayado que el hecho de que “sectores con posturas antagónicas escojan el camino de la paz, permitirá identificar con claridad a quienes aprovecharon el momento para el caos y la desestabilización”.
El acuerdo consta de tres puntos: la redacción de un nuevo decreto que sustituya al 883; la creación de una comisión que elabore la nueva normativa; y el fin de las movilizaciones.