Acuerdo de investidura

Por Juan Antonio Ruiz Castillo.
El acuerdo de investidura del año 2015 en el Ayuntamiento de Madrid rubricado por Manuela Carmena, Ahora Madrid, y Antonio Miguel Carmona, Partido Socialista de Madrid, que permitió a la primera convertirse en Alcaldesa de la capital del Estado Español recogía a petición del Partido Socialista la creación en el Ayuntamiento de Madrid de una Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción.
No es de extrañar que fuera una de las propuestas más importantes del acuerdo, la preocupación de los ciudadanos por el fraude y la corrupción crecía exponencialmente tal y como reflejaban todos los estudios del Centro de Estudios Sociales (CIS).
Pese a ello en el ámbito local han sido escasas las iniciativas desarrolladas para combatir la corrupción. Solo en el año 2009, la Federación Española de Municipios y Provincias aprobó un Código de Buen Gobierno Local y posteriormente propuso la creación de un Observatorio para supervisar la calidad de la gobernanza a nivel local.
En el ámbito europeo, ha de destacarse el informe de la Comisión Europea, de 3 de febrero de 2014, sobre la lucha contra la corrupción en la Unión Europea, en el que se concluye que los riesgos de corrupción resultan ser más elevados en los niveles local y regional donde los controles y equilibrios y las auditorías internas tienden a ser más débiles que a nivel central. En particular, el informe señala como sectores especialmente vulnerables a la corrupción el urbanismo, la planificación ambiental y la contratación pública, sectores todos ellos típicamente locales.
Tal y como se expone en el preámbulo del Reglamento Orgánico de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción del Ayuntamiento de Madrid, la percepción sobre la misma pasó a ser en 2011 uno de los principales problemas en España tras más de quince años de descenso. No hay que olvidar que esta situación coincide con una gran crisis económica caracterizada por la recesión y el alto incremento del paro.
Los objetivos de dicha Oficina eran, y son, meridianamente claros: evitar abusos por parte de quienes ostentan el poder en la Institución, fomentar la cultura de la transparencia en la toma de decisiones tanto de políticos como de funcionarios y poner a disposición de los madrileños un instrumento para poder denunciar las actuaciones del Ayuntamiento que considerasen fraude o corrupción, es decir, fomentar la participación ciudadana.
Se trataba en definitiva de “abrir ventanas”, y permitir que entrara aire limpio en un Ayuntamiento, el más importante de España, tras más de 25 años de gobiernos del Partido Popular. Se trataba de impedir que se pudieran producir “operaciones guateque”, venta de viviendas sociales a “fondos buitre”, operaciones urbanísticas nunca suficientemente explicadas, y un largo etc, de actuaciones políticas y administrativas que nada tienen que ver con la obligación de atender los intereses generales de los madrileños por parte del gobierno municipal.
En la sesión ordinaria del Pleno Municipal del Ayuntamiento de Madrid, celebrada el martes, 29 de marzo de 2016, la Alcaldesa de Madrid, comparecía a petición propia y decía: “en el día de hoy quiero presentar un borrador que a mí me parece que tiene una importancia extraordinaria y es el borrador de lo que al final podrá llegar a ser la oficina municipal contra el fraude y la corrupción. He decidido que en el día de hoy comience esta dación cuenta por la exposición de este borrador. En primer lugar, quiero decir que el mismo forma parte no solo del desarrollo del programa electoral de este equipo municipal, sino también y muy especialmente del programa municipal del Grupo Municipal del Partido Socialista, y después, de una manera muy particular, de los acuerdos de investidura que hicieron posible el que en este momento pues yo esté desempeñando esta responsabilidad”.
La Oficina debía depender de la Secretaria General del Pleno Municipal, pues se consideraba que esto la dotaba de la máxima independencia posible, condición absolutamente necesaria para su credibilidad. En la misma sesión plenaria la Alcaldesa las dos competencias fundamentales de la Oficina: “hacerse cargo de todas las denuncias, de todas las noticias que lleguen de una u otra manera sobre supuestos casos de fraude, de fraude o de aprovechamiento ilegal de cualquier patrimonio que resulte censurable”.
El barómetro del CIS correspondiente a octubre de 2017 refleja que el tercer problema más importante para los españoles, después del paro (66%), es el fraude (28,3%) casi empatando con el segundo, la independencia de Cataluña (29%)
Pues bien, noviembre de 2017, ¿Dónde está la tan importantísima Oficina contra el Fraude y la Corrupción?, pues ni está ni se la espera. El borrador de la misma fue recurrido en su día ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por parte de la Delegación del Gobierno en Madrid y suspendidos algunos de sus apartados por considerar que podían invadir competencia de otros órganos del Ayuntamiento de Madrid.
Si la puesta en marcha de esa Oficina contra el Fraude y la Corrupción se consideró vital en 2015 para alcanzar un acuerdo de investidura para que Manuela Carmena fuera Alcaldesa de Madrid, ¿es razonable que siga paralizada en los tribunales de justicia a la espera de que se resuelvan recursos de las partes?, ¿no es más razonable que por parte del equipo municipal se modifiquen esos apartados o que los órganos administrativos cuyas competencias puedan ser invadidas por las de la Oficina contra el Fraude  pasen a formar parte de esta y lograr así su definitiva puesta en marcha?, ¿o es que después de dos años largos en el gobierno municipal ya no es tan importante investigar supuestos casos de fraude o de aprovechamiento ilegal de patrimonios?.
Harían bien quienes permiten que siga gobernado la Alcaldesa de Madrid y su formación Ahora Madrid en vigilar y denunciar incumplimientos electorales y de investidura importantes para los madrileños como el que nos ocupa y no seguir deambulando por un sendero al paso de aquella canción de los setenta titulada la “yenca”. Y haría todavía mejor Manuela Carmena y su equipo municipal en cumplir con la palabra dada, escrita y firmada y crear sin más dilaciones la Oficina contra el Fraude y la Corrupción en el Ayuntamiento de Madrid.
No olvidemos que el concepto de fraude es amplio, y que las promesas hechas a los ciudadanos y no cumplidas pueden entrar perfectamente en el mismo. Como ciudadano conocedor de la intachable altura moral y profesional de nuestra Alcaldesa estoy convencido de que este no será el caso.