El 2 de octubre, la Ejecutiva de Vox que preside Santiago Abascal nombró como responsables del partido en Barcelona a Joan Garriga, como presidente y a Mónica Lora, como secretaria-tesorera. Ambos serán juzgados próximamente acusados de un supuesto delito de incitación al odio.
Los hechos por los que se los juzga se remontan a la elecciones de 2011, cuando dirigían Plataforma per Catalunya, una formación xenófoba cuyo centro de los ataques eran los inmigrantes musulmanes. Entonces, llevaron a cabo una virulenta campaña en contra de este colectivo.
Al día siguiente de la visita de Abascal al cuartel de la Guardia Civil en Travessera de Gràcia, en Barcelona, con motivo del segundo aniversario del 1-O, los afiliados al partido recibieron un correo en el que Tomás Fernández Ríos, vicesecretario nacional de Organización de Vox, les comunicaba que el comité ejecutivo nacional había decidido “disolver la comisión gestora de Barcelona” cara a la elecciones del 10N “en aras de fortalecer y revitalizar la estructura orgánica provincial”.
Dicho comunicado causó gran sorpresa entre los afiliados barcelonenses. Resulta que en Barcelona no había una comisión gestora, sino un comité ejecutivo provincial elegido por las bases democráticamente en julio de 2018. Además, no se daban las circunstancias previstas en los estatutos de la organización para disolverlo.
No había incumplido las directrices de la dirección nacional, más bien al contrario, ni había dimitido más del 50% de sus miembros. De hecho, el 30 de septiembre, la que hasta entonces era la presidente del comité ejecutivo provincial había propuesto tres nombres en sustitución de los tres miembros que se habían ido a vivir fuera de Cataluña. Todo conforme a los estatutos.
Mayor sorpresa causaron los nombres de los que habían sido elegidos a dedo: Garriga Domenech para presidir el partido en la provincia –es pariente de Ignacio Domenech, diputado de Vox- y Lora Cisquer, exconcejal de Mataró, como secretaria-tesorera.
Su plataforma de ultraderecha obtuvo los suficientes votos para entrar con casi 70 concejales en 40 ayuntamientos catalanes en las elecciones municipales de 2011. Este pasado enero la Plataforma en la que se integraban se disolvió e invitaron a sus integrantes a afiliarse a Vox.
Se da la circunstancia de que algunos de sus ex dirigentes han sido investigados por la Justicia y deben sentarse en el banquillo. El Juzgado de Instrucción número 3 de Reus dictó el 24 de octubre un auto de apertura de juicio oral contra Lora y Garriga, así como contra otros 11 miembros de la dirección de esa plataforma por un supuesto delito de discriminación e incitación al odio. Se enfrentan a penas que pueden llegar a los cuatro años de cárcel y 12 meses de multa.
En esa agresiva campaña xenófoba y racista bajo el eslogan “Primero los de casa”, incluían un cheque simulado de 4.000 euros para un teórico musulmán, además de la acusación a los inmigrantes de acaparar puestos de trabajo, recibir subvenciones, no pagar impuestos y estar vinculados con las mafias.
En opinión del juez instructor, esa propaganda electoral “excede los límites de la libertad de expresión y golpea el núcleo de la dignidad humana. […] Tales discursos de odio, dirigidos contra grupos nacional, racial o religiosamente diferenciados, suponen una incitación a que el resto de la sociedad fabrique un enemigo artificial y predisponen a que se dé el caldo de cultivo adecuado para que, en un momento como la crisis económica que se manifestó con toda su virulencia en 2011, se pueda llegar a canalizar cualquier acto violento contra estos inmigrantes”.
Pero no son Garriga y Lora los únicos miembros de la dirección de Vox en Barcelona con un pasado oscuro. Jordi de la Fuente, hombre de confianza del ahora presidente provincial, fue uno de los máximos responsables de Movimiento Social Republicano, de tintes neonazis. Con él se presentó a las elecciones de 2009 y 2012, fichó luego por PxC y finalmente acabó en Vox.
Contra pronóstico, el asunto del nombramiento a dedo de la dirección provincial barcelonesa ha acabado en los tribunales tras que un grupo de afiliados presentó el pasado 6 de noviembre una demanda ante el juzgado de guardia de Madrid.
En ella reclaman que se declare nulo el acuerdo de la dirección nacional por el que se nombra el comité ejecutivo provincial y se destituye a los dirigentes que habían sido elegidos por las bases. A su juicio, es ilegal, arbitrario y antidemocrático. También es contrario a los propios estatutos de Vox.
No es el único caso. La mayoría de las divisiones provinciales han sido nombradas a dedo por el comité ejecutivo nacional del partido de Abascal y son dirigidas por gestoras, incluso siendo sustituidas estas mismas en varias ocasiones.
La lista es larga, pero destacan provincias relevantes como Valencia, Granada, Valladolid y León, entre un largo listado. Lo cierto es que en febrero, Vox modificó los estatutos, eliminando las primarias para la elección de los cargos públicos.
En las últimas elecciones municipales, autonómicas, europeas y dos generales, los candidatos fueron coelegidos por la ejecutiva nacional, aunque desde ésta aseguran que fueron a propuesta de los comités provinciales, que, casualmente, son gestoras designadas por la dirección nacional.