La Abogacía del Estado “no es un instrumento del Gobierno”, sino que debe “someterse al principio de legalidad y al interés general”, ha dicho Santiago Abascal, líder de Vox, a través de su cuenta de Twitter. “Si no lo hace tendrá que responder por ello, como cualquiera”, amenazó.
Abascal hacía referencia, así, al pronunciamiento que el departamento que dirige Consuelo Castro Rey debe emitir en relación al fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), por el que se reconoce la inmunidad de Oriol Junqueras, líder de ERC, por su condición de europarlamentario.
Es precisamente este dictamen de la Abogacía del Estado el que están esperando los republicanos catalanes para cerrar o dar portazo al acuerdo que facilitaría la investidura de Pedro Sánchez y el que la impedirá, al no haberse producido, antes de que termine el año y que, probablemente, se extienda hasta después del 7 de enero del próximo año.
ERC condicionó su decisión y la reanudación de las negociaciones a un gesto por parte de la institución de Castro Rey en su Congreso Nacional de hace dos sábados, y que fuera favorable a los intereses de Junqueras.
Así las cosas, la formación de ultraderecha afirma que “tiene dos opciones”: “Comportarse como un apéndice del PSOE y cargarse la Justicia española para investir a Sánchez o defender a la Justicia española del desprecio la Unión Europea y blindar el Estado de Derecho”. Ni qué decir que este otro gesto es una extorsión a, precisamente, la Justicia española.
que miedo nos da el facha este, que ha estado años cobrando por la cara y ahora presume