8M: el día de la discordia

8M: el día de la discordia

La Delegación del Gobierno en Madrid decidió la semana pasada prohibir las movilizaciones con motivo del 8M. De inmediato, se presentaron recursos y varios partidos firmaron un comunicado conjunto exigiendo una rectificación por parte de José Manuel Franco, delegado del Gobierno.

Tras dos horas de deliberaciones por parte de cinco magistrados –tres mujeres y dos hombres— y escuchadas las partes personadas, decidieron mantener las prohibiciones. Analizaron los recursos y lo manifestado por la Fiscalía y la Abogacía del Estado.

Así, el sábado, la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) respaldó por unanimidad el veto de la Delegación de Gobierno en la Comunidad madrileña.

Rechazaron los recursos porque la situación actual de la pandemia en Madrid exige extremar las cautelas para poder preservar la salud pública. Los magistrados respaldaban de este modo la tesis mantenida por la Fiscalía de que las movilizaciones entrañan un peligro cierto en el estado actual de la epidemia en Madrid.

El Ministerio Público sostenía, además, que las medidas de seguridad adoptadas por los organizadores eran “insuficientes”. En frente, la postura de las ocho agrupaciones convocantes de las movilizaciones del 8M. Esto es, entre otros, Movimiento Feminista de Madrid, que contaba con el apoyo de sindicatos y partidos, como Más Madrid, Izquierda Unida Madrid, Podemos Madrid y otros colectivos.

Según ellos, los actos convocados ofrecían suficientes garantías de cumplimiento de las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Especialmente, la organizada por UGT y CCOO, de forma que nunca podrían participar a la vez más de 250 personas, pero alternando grupos.

La noche del sábado, en cambio, los cinco magistrados justificaron el veto en que “en estos momentos España afronta una crisis sanitaria sin precedentes y de una extraordinaria amplitud y gravedad”. Y así lo explican profusamente en sus autos.

Varios miembros del Gabinete respaldan las prohibiciones del 8M

En paralelo, la decisión de la Delegación del Gobierno había obtenido un amplio apoyo por parte de destacados miembros del Ejecutivo. Carmen Calvo, la vicepresidente primera, la defendió, asegurando que Franco tomó la decisión “con buen criterio. Ha tomado una decisión para proteger la vida”.

“Miren las UCI cómo están en Madrid y la preocupación por que Madrid vuelva a retroceder en este asunto”, abundó.

Por su lado, Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, apelaba a la “responsabilidad” de los ciudadanos. “Las mujeres y los hombres feministas pueden reivindicar sus derechos haciendo cosas diferentes” este 8M. “Hay muchísimas formas de manifestarse creativas”, zanjó.

Con todo, la Fiscalía admitía que existían conflictos entre dos derechos consagrados por la Constitución. Se trata del derecho a la vida y a la salud frente al derecho de reunión. Ante eso, “procede” llevar a cabo un ejercicio de ponderación para dar “prevalencia” al derecho a la vida.

La propia Carta Magna “prevé la posibilidad de limitar el derecho de reunión en los supuestos en los que exista una puesta en peligro para las personas”.

Los recursos presentados, en cambio, hacían una comparativa con las autorizaciones a otras manifestaciones. Citaba la propia resolución del delegado del Gobierno señalando que “la media de concentraciones y manifestaciones que viene habiendo en la Comunidad de Madrid es de 70 por semana”.

En definitiva, una discordia que debe movernos a todos a la reflexión.

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