La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales afirma que un total de 47.201 personas, en la lista de espera de la dependencia, han fallecido en lo que va de 2020 Se basa en datos aportados por el Ministerio de Derechos Sociales.
De acuerdo con estos, han fallecido 29.453 dependientes con derecho y 17.748 pendientes de valorar de enero a octubre de 2020. Esto es 160 fallecidos al día en el “laberinto burocrático de la ley”, critica la asociación.
12.013 habrían fallecido en Cataluña en lista de espera en ese periodo. En Andalucía, 9.944; Madrid, 4.736; Comunidad Valenciana, 4.510; Canarias, 2.747; y País Vasco, 2.137.
Los Directores critican que después de casi un año del Gobierno de coalición, el Ministerio de Derechos Sociales “no ha incrementado ni en un solo euro”, la financiación del Sistema de Atención a la Dependencia. “Se está abandonando sin atenciones a 376.707 personas dependientes”. Están en lista de espera de un procedimiento, denuncia la Asociación.
El último MoMo del Ministerio de Derechos Sociales señala que hasta el octubre 148.530 personas han muerto este año habiendo solicitado la dependencia.
Exceso de mortalidad entre quienes han solicitado la dependencia
Además, hay un exceso de mortalidad de 40.065 personas, un aumento del 36%. Afecta al 2,1% del total de solicitantes. De los fallecidos, el 82% tenía más de 80 años y el 42%, un Grado III de dependencia. El 27% de las personas dependientes beneficiarias fallecidas en este año vivían en una residencia, detallan.
Las comunidades donde mayor porcentaje de decesos existe son: Cantabria (44,8%), Cataluña (39,1%), Castilla-La Mancha (36,7%) y Madrid (32,8%). Al lado opuesto, Castilla y León (11,4%) y La Rioja (12,6%).
En consecuencia, los Directores piden a Pablo Iglesias, Ministro de Derechos Sociales, una convocatoria urgente del Consejo Territorial para incrementar la financiación del sistema según el pacto de Estado firmado en 2017.
Exigen, asimismo, “agilizar los trámites para eliminar la listas de espera”. También, aplicar medidas de suspensión temporal y flexibilidad del servicio o prestación sin necesidad de resoluciones administrativas.