Residencias, públicas y privadas, se han convertido en una trampa mortal para numerosos mayores, muchos de ellos ancianos, que no han podido resistir el contagio entre ellos de un virus mortal: el coronavirus.
Más de 3.000 personas, han fallecido a lo largo y ancho del territorio nacional, como consecuencia de una pandemia que se ha cebado en los mayores y que ha penetrado en la residencias donde habitaban provocando el contagio entre ellos mismos.
A pesar de los esfuerzos de la oposición de echarle la culpa al gobierno nacional, las residencias de mayores son competencia de los gobiernos autonómicos, quienes son los responsables de haber dado la voz de alerta, establecido los protocolos adecuados y actuar en consecuencia. No era fácil prever una situación en la que se juntaban dos factores: la vulnerabilidad de los mayores y las residencias convertidas en trampas mortales para ellos.
En las residencias madrileños han muerto 1.115 ancianos, en Castilla y León 705 y en Cataluña 362.
Para la historia ha quedado el esfuerzo de la presidenta Ayuso, responsable saliente de la Comunidad de Madrid, de echarle la culpa al gobierno nacional de lo que era y es su propia gestión. La gestión precisamente de la consejería de servicios sociales, cuyo titular pertenece a Ciudadanos, y que la propia presidenta arrebató de sus funciones relativas a las residencias de mayores pasándoselas a Sanidad.