Según cálculos del Gobierno, las medidas anticrisis durante la pandemia permitieron aflorar unas 285.000 afiliaciones a la Seguridad Social, empleos procedentes de la economía sumergida.
Asimismo, la digitalización y las reformas estructurales en el mercado de trabajo harán posible reducir el paro estructural en 510.000 personas desde 2019.
De este modo figura en el Plan Presupuestario 2023 que el Ejecutivo envió este sábado a la Comisión Europea.
Un plan que, por primera vez, contemplan dos posibles escenarios de ingresos y gastos por la “elevada incertidumbre” a causa de la guerra en Ucrania.
Así, el Gobierno señala que las políticas económicas que se han adoptado –pandemia, reformas e inversiones del Plan de Recuperación, guerra en Ucrania– han impulsado un cambio estructural del mercado de trabajo.
A ese respecto, subraya el aumento de los trabajadores con contratación indefinida. Asimismo la reducción de la tasa de temporalidad entre las afiliaciones a la Seguridad Social, que se ha reducido por debajo del 20% por primera vez en la historia. También, la caída del desempleo juvenil.
En ese sentido, calcula que, de esos 285.000 afiliados a la Seguridad Social que emergieron, 250.000 serían por cuenta ajena y otros 35.000 autónomos.
Explica, que esto tendría un impacto positivo en términos fiscales debido al aumento de ingresos netos.
Además, el Ejecutivo detalla que ese afloramiento es gracias, especialmente, a los ERTEs y a las prestaciones por cese de actividad.
“No solo habrían promovido una mayor flexiseguridad en el mercado laboral, sino que habrían favorecido el afloramiento de trabajadores que se encontraban en la economía sumergida”, explica.
Así las cosas, estas medidas, la ejecución del Plan de Recuperación y la reforma del mercado de trabajo están “permitiendo mejorar las finanzas públicas”.
Esto es gracias al incremento de las cotizaciones sociales “por el afloramiento del empleo sumergido”. Asimismo, por el “aumento de ingresos netos estructurales por la reducción del desempleo estructural”, destaca el documento remitido a Bruselas.
Este modo, se podrá reducir el déficit estructural en siete décimas del PIB, según estimaciones del Gobierno.