Durante el debate, el portavoz de IU, Jesús Yuste, ha asegurado que la intención de prorrogar la vida de la nuclear hasta 2019 se debe a que "la tónica general" de este Gobierno es ir "marcha atrás" porque, a su juicio, ha decidido paralizar las energías renovables y mantener la vida de la central más antigua de España, que está "obsoleta". En este contexto, ha culpado también al anterior Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero porque "aprobó una prórroga de 4 años" y así, "se perdió la oportunidad de cerrarla".

   Asimismo, ha subrayado que, "según ha reconocido el CSN, Garoña sufre un proceso de agrietamiento múltiple por corrosión" que afecta a diversos componentes internos de la vasija del reactor, lo que, en su opinión, "compromete seriamente la seguridad de la instalación", ya que el problema afecta al 70 por ciento de los tubos que atraviesan la vasija del reactor por los que pasan las barras de control, que son el "sistema de frenado" de la reacción nuclear.

   Sin embargo, el portavoz del PP en la comisión, Antonio Erías, tras rechazar que la planta este obsoleta, ha asegurado que su producción no es "prescindible", ya que aporta el 6,5 por ciento de la energía nuclear de España, y el equivalente al consumo energético del 33 por ciento de la población de Castilla y León. Además, considera que la energía nuclear es necesaria para dar estabilidad al sistema eléctrico y evitar los problemas de las renovables.

   En la misma línea, la diputada de CiU Inmaculada Riera ha ha recordado que el CSN ya ha dicho que la orden de cierre del Gobierno anterior resulta "resoluble" al no existir impedimento "desde el punto de vista de la seguridad nuclear o la protección radiológica".

   De la misma opinión es Carlos Martínez, de UPyD, que considera que "es mentir decir que Garoña se cae a pedazos", por lo que, en su opinión, esto es un "insulto" a la sociedad y ha defendido la independencia del Consejo de Seguridad Nuclear.

PSOE DEFIENDE EL CIERRE

   Por el contrario, los socialistas han presentado una enmienda de adición, aceptada por los proponentes, en la que precisamente proponían, además del cierre, la vuelta a la estrategia de las energías renovables y al Real Decreto del anterior Ejecutivo que proponía un abandono progresivo de este tipo de energía. "Comporta serios riesgos para la seguridad", ha dicho al tiempo que ha asegurado que no se puede poner en duda la seguridad de las plantas españolas.

   Mientras, el portavoz del PNV, Pedro Azpiazu, ha defendido su rechazo a la continuidad de la planta y ha pedido que se pongan en marcha políticas de reactivación de la zona para compensar su clausura. Finalmente, para la diputada de Amaiur, Maite Arístegui, Garoña es "un yogurt caducado desde hace mucho tiempo" porque "no cumple con las normas internacionales", una situación que ha definido como "lamentable".