Tal empeño fue contestado con fuerza e, incluso, violencia en las calles y aun así la primera ministra no pestañeo en su pretensión de implantarlo. El poll tax era un completo monumento a la arrogancia. Tanto era así, y tan impopular se convirtió este intento fiscal, que las élites del partido conservador vieron peligrar de tal manera su hegemonía y larga estancia en el gobierno que consideraron oportuno la sustitución inmediata de la Sra. Thatcher y la revisión del nuevo impuesto. El primer ariete que tuvo, esta enfrente, fue el elegante y brillante viceprimer ministro conservador Michael Heseltine, aunque el resultado final fue la elección, del más gris y aceptado por todos los sectores del partido, John Major que tuvo la virtud para los conservadores de retener el gobierno dos legislaturas más hasta que fue sustituido por el laborista Tony Blair.

Este pequeño relato de lo que ocurrió en la Inglaterra de los años noventa, viene a cuento de lo que nos va a pasar a los madrileños en el próximo año 2012 cuando se nos presente al cobro el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y veamos, algunos con sorpresa y espanto, como la factura fiscal en muchos casos se ha, cuasi, duplicado respecto del que paguemos en este ejercicio 2011 en el que estamos.

El motivo principal de tan elevado incremento es, a parte de otras consideraciones que haremos mas adelante, la duplicación de los valores catastrales, base de este impuesto local, aprobada por el Ministerio de Economía y Hacienda que lo hace a iniciativa de la propuesta impetuosa que le ha llegado del actual Alcalde madrileño Sr. Ruiz Gallardón.

Decimos que impetuosa porque el Alcalde y su equipo de gobierno no han hecho esta petición para dotar y proveer de más servicios a la capital y a sus ciudadanos, sino que ahogados por una monumental deuda, proveniente de los grandiosos gastos emprendidos en épocas recientemente pasadas y ante el peligro de una posible quiebra del ayuntamiento mas importante de España no les queda más remedio que, además de implantar la impopular tasa de basuras, incrementar los impuestos a todos los ciudadanos. Pero este incremento se hace de una manera sibilina y subrepticia: “no he sido yo, el ayuntamiento, quien lo sube, sino que es el ministerio el que sube los valores catastrales y por tanto no me queda otra que duplicar la recaudación”.

 Esta acción no debería ser objeto de crítica si en los postulados del partido popular español no constaran en su frontispicio la tan querida para ellos bajada de impuestos y el, también tan deseado, equilibrio fiscal entre los gastos y los ingresos de las administraciones publicas. Tan queridos y tan deseados que cuando no gobiernan se pasan las legislaturas acusando a los demás de despilfarradores y manirrotos. Pero es un hecho que cuando gobiernan se dedican a gastar a manos llenas, en operaciones de muy dudosa necesidad, a base de imponer a los ciudadanos gravámenes fiscales de carácter indirecto, mas injustos, y desequilibrios presupuestarios como por ejemplo los del ayuntamiento de Madrid, la propia Comunidad de Madrid y su perenne incremento de deuda o el de la no menos conocida gestión presupuestaria de la Comunidad Valenciana.

 Lo malo de todo esto es que hipócritamente miran para otro lado cuando se les pone encima de la mesa tal cuestión y hacen como si no hubieran sido ellos los infractores de su propia regla, intentando endosárselo a los demás, pero a la vez, según dicen las recientes noticias, alguno, que ahora es alcalde, será agraciado con un superministerio de un próximo gobierno en ciernes para que pueda seguir realizando las fastuosas obras, esta vez a nivel nacional, que endeudan y luego cargan sobre las espaldas de los ciudadanos.

 Lo que hacen se llama ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio y eso los ciudadanos lo deben tener en cuenta a la hora de permitir o no que gobiernen las diferentes instituciones políticas del país, que ya son muchas y muy variadas.