Con una inflación por encima del veinte por ciento, una situación en la que se alimentaba la espiral precios-salarios, la pretensión del Gobierno de la Nación no era otra que poner fin a esta escalada que se había iniciado con la subida de los precios del petróleo.

Por eso el primer paso fue en diciembre de 1979 cuando se firmó el Acuerdo Básico Interconfederal, esta vez con el rechazo de CC.OO., antecedente del Estatuto de los Trabajadores e inicio de las negociaciones salariales en función de la inflación prevista.

Como puede observarse los acuerdos promovidos colocaban en el centro del problema una cuestión de costos en una economía que había exportado, hasta entonces, a partir de costes laborales bajos (dinamitados por la inflación), precio reducido de la energía (finalizado por el doble impacto petrolífero de 1973 y 1978) y endeudada hasta las cejas (apalancamiento que sufre un serio deterioro a partir de la elevación de los tipos de interés fruto de una política monetaria restrictiva anti-inflacionaria).

Así, el Acuerdo Marco Interconfederal, también con el voto en contra de CC.OO, supuso que en enero de 1980 se pactara moderación salarial y reducción de jornada. Leopoldo Calvo Sotelo se comprometió, y ese fue uno de sus errores, a crear 350.000 puestos de trabajo a cambio de que los sindicatos aceptaran moderación salarial en lo que se vino en llamar el Acuerdo Nacional de Empleo.

El triunfo del PSOE en las elecciones de 1982 trajo a nuestro país, a partir del Acuerdo Interconfederal de febrero de 1983, la jornada laboral de 40 horas y 30 días de vacaciones.

Sin embargo, a partir de ese momento, en la década de los ochenta el centro del problema, por encima de la cuestión salarial (comenzando a controlar la inflación), pasó a ser la contratación laboral.  La temporalidad entra por el resquicio del Acuerdo Económico y Social de octubre de 1984, pacto en el que patronal y sindicatos comienzan a aceptar la introducción de diferentes modalidades de contratación.

Tuvo que ser el Plan de Empleo Juvenil de diciembre de 1988 el que abaratara el despido e impulsara la contratación temporal de jóvenes con menos derechos, contestado por una huelga general que hizo que el gobierno tuviera que guardar su reforma en el despacho del entonces ministro de Trabajo (continuará).