Sin embargo, lo cierto es que los únicos desmentidos claros y exactos que se han pronunciado en público y que son verificables de manera objetiva son los del propio Gobierno de España, que –por una vez- todos sus portavoces se han puesto de acuerdo en negar el supuesto incremento falso de la cifra de déficit, como cabía esperar, y la de un funcionario comunitario de tercer nivel, el portavoz para Asuntos Económicos, Amadeu Altafaj que, tras la tormenta desatada ha realizado unas declaraciones negando las dudas de la Comisión sobre la veracidad de las cifras de déficit señaladas por el Gobierno español para 2011.

Este desmentido es simplemente oral, sin un comunicado que respalde por escrito unas afirmaciones tan graves, en un sentido o en otro, tanto que el Gobierno español está mintiendo sobre el déficit, como que la información dada a conocer por la agencia Reuters no se ajusta a la verdad.

Frente a ello, el comisario europeo de Asuntos Económicos, Olli Rehn, en rueda de prensa, se ha zafado de dar una respuesta directa a las preguntas sobre el tema señalando que “esas informaciones son prematuras”.

Posteriormente, tras toda una tarde de nervios y supuestos desmentidos que nunca han llegado, salvo lógicamente, los emitidos por los supuestos mentirosos,  Olli Rehn ha guardado un escrupuloso silencio, solo roto para, según dice el ministro de Economía Luis de Guindos, llamarle por teléfono para negar que tenga sospechas de que España haya inflado la cifra de déficit público del ejercicio 2011.

Una vez más, se trata  de una comunicación oral, indemostrable o, cuando menos, poco comprometedora a medio plazo y que deja abiertas todas las opciones. Ante una crisis como ésta, lo obvio y habitual es que la Comisión hubiese emitido un comunicado desmintiendo con claridad una información de este tipo. Nota que, al cierre de esta edición, no se había producido.

Por ello desde la izquierda se ha demandado al Gobierno que diga la verdad y desmienta estas informaciones, o confiese la cifra real de déficit. Según la nota de la Agencia Reuters, el Gobierno habría exagerado los números rojos para pedir árnica y flexibilidad para los objetivos de recorte del déficit de 2012.

Sin embargo, desde la izquierda se atribuye a esta maniobra otra intencionalidad: cargar todas las culpas sobre la situación económica al anterior Gobierno y dotarse de una excusa excelente para negar su programa electoral público y aplicar su programa de máximos, que incluye el desmantelamiento del Estado del Bienestar, privatizando todo aquello susceptible de ser convertido en negocio, minimizando o aboliendo el resto y planteamiento el liberalismo salvaje en las relaciones laborales.

El portavoz socialista de Economía en el Congreso de los Diputados, Valeriano Gómez, calificó de "muy grave" las críticas de la Comisión Europea (CE) sobre la posibilidad de que España haya inflado la cifra de déficit de 2011 y exigió al equipo de Mariano Rajoy que redacte los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y las previsiones económicas para este ejercicio lo antes posible.

   Además, ha reclamado "más rigor y más seriedad en un tema trascendental para España como es el nivel de déficit público y sus implicaciones para el conjunto de la política económica española", tras recordar que tres ministros del actual Gobierno --los de Hacienda, Economía e Interior-- "se pronunciaron en su día sobre el tamaño del déficit público, cada uno diciendo cifras distintas".

 El portavoz de IU en el Congreso, José Luis Centella, ha pedido al ministro de Economía, Luis de Guindos, que comparezca "inmediatamente" para despejar estas “sospechas”. El político de IU, de hecho, demandaba la comparecencia “inmediata” del ministro, interpretando que su silencio le hará "cómplice" de esta información.

El diputado de la federación de izquierdas ha criticado que el PP, que durante "mucho tiempo" ha hablado de la necesidad de dar "tranquilidad y seguridad" en una situación de crisis como la actual, esté en estos momentos "sembrando la duda" y "bajo sospecha".

Por su parte, el secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, ha opinado que un falseamiento de las cifras del déficit del país sería "gravísimo" por el daño que supondrían para la economía española en su conjunto.

"Me voy a pronunciar con cautela. Sería gravísimo que esto se hubiera producido, pero no (porque se hayan usado esos datos) para justificar una reforma laboral, sino por el daño que eso puede haber provocado a la economía española en su conjunto, más allá de la afectación u orientación de la línea de reformas emprendida por el Gobierno del PP", ha dicho Toxo.