Este texto, que ha contado con el apoyo de la Fundación para el Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicacada (FOESSA), señala que la distancia correspondiente al 20 por ciento más rico de la población y al 20 por ciento más pobre pasó de un valor de 5,3 en 2007 a otro de 6,9 al término de 2010. Este aumento, comparado con los países de mayor renta de la UE, duplicó el registrado en Francia, triplicó el de Alemania y fue casi cinco veces mayor que el de la media de la UE-15.

   El secretario general de Cáritas, Sebastián Mora, ha incidido en esta "brecha" abierta entre ricos y pobres, alertando del "riesgo de polarización de la sociedad y de cohesión social", al entender que esta situación "va a dificultar que estos grupos, con diferentes derechos, cohabiten".

   En este sentido, Mora se ha referido a los datos correspondientes al salario mínimo y a la decisión del Gobierno de congelar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2012. "La brecha entre los salarios de los trabajadores con remuneraciones más bajas y la media, que se ensanchó drásticamente en los primeros años de la crisis, podría aumentar todavía más", ha apostillado.

   Por otra parte, el secretario general de Cáritas he hecho referencia directa a la Reforma Laboral al indicar que ésta debe contrastarse con la doctrina social de la iglesia del derecho al trabajo, de forma que "si la dignidad de la persona no es respetada en el ejercicio de su labor o si no apoya a las personas más débiles, se tratará de una mala reforma".

   Asimismo, Mora ha afirmado que "una reducción de la inversión social tiene correlación directa con un incremento de la pobreza". Así, ha apostillado que si los muros de protección desaparecen, la situación será "más intensa y severa". "No podemos acostumbrarnos a que los más vulnerables sean quienes más sufran las consecuencias de la crisis", ha sentenciado.

   Por ello, ha justificado el "esfuerzo presupuestario" que lleva haciendo Cáritas durante los últimos años y que llevó a atender a cerca de 1,5 millones de personas en el años 2010 en España, una cifra un 20 por ciento superior a la registrada en el año anterior.

    De esta forma, Mora aunque ha señalado que la organización "no debe, ni quiere, ni debe, sustituir a las administraciones públicas en las labores sociales que tienen que asumir", ha anunciado que la estimación de cara a 2011 es que se "mantenga ese aumento del 20 por ciento en la atención a personas necesitadas".

   Por su parte, el coordinador del equipo de Estudios, Francisco Lorenzo, ha hecho hincapié en la evolución de la renta media de la población española, que ha sufrido una reducción cercana al 4 por ciento, una cifra que podría aumentar "en términos reales" hasta el 9 por ciento, si se tiene en cuenta la evolución de los precios entre 2007 y 2010.

   De la misma forma, y teniendo en cuenta que la tasa de desempleo es la mayor de los 27 Estados de la UE --con un 23 por ciento de paro-- ha aludido a la "extrema situación" que viven los hogares con todos sus miembros activos en paro, que han pasado de un 2,5 por ciento del total antes de la crisis a alcanzar casi a uno de cada diez hogares españoles, "creciendo a un ritmo incluso superior que el de la propia tasa de paro".

   Lorenzo también ha hablado de los datos recogidos en el informe sobre vivienda. En este punto, los datos ofrecidos por Cáritas en julio de 2011 ponen de manifiesto que en 2010 se realizaron más de 50.000 respuestas de ayuda económica para temas de vivienda. Algo que demuestra, según el coordinador del estudio, que "el del ladrillo ha sido un crecimiento que no ha generado el desarrollo esperable", a la vez que defendía la vivienda como "un derecho social básico".

   Por último, ha mostrado su "preocupación" por la distribución de la pobreza en las diferentes comunidades autónomas de España, al certificar que las "diferencias territoriales son importantes". De hecho, el informe recoge que la comunidad autónoma con mayor tasas de pobreza, Extremadura, superaba a Navarra, la comunidad con menor incidencia en este aspecto, en más de treinta puntos porcentuales. Algo que achaca --entre otros factores-- a las políticas de intervención social llevadas a cabo por los gobiernos autonómicos.

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