Los mismos que se han quedado afónicos gritando que el PSOE “había llevado a ETA a las Instituciones”, afirmaciones que se han podido oír incluso este mismo fin de semana en el Congreso búlgaro-sevillano que celebró la derecha, sin que ningún dirigente matizase o enmendase al vocinglero, hoy se erigen en defensores de la legalidad de la presencia de Amaiur en las instituciones.

De hecho, el mismo portavoz, Alfonso Alonso, que justificó las cortapisas a Amaiur a organizarse en el Congreso como grupo político por sus vinculaciones terroristas y algún defecto de forma, mientras que permitía a la otra formación nacionalista española UPyD, obviar sus evidentes incumplimientos del reglamento y constituirse en grupo parlamentario, ahora justifica, sin despeinarse, justo lo contrario.

"No hay carga de prueba suficiente para tener garantías de éxito en un procedimiento de estas características", ha explicado Alonso en una entrevista en la emisora de los obispos, la COPE, en la que ha reconocido que, "guste o no", el Tribunal Constitucional legalizó la coalición abertzale.

En este sentido, ha reiterado que para acudir a los tribunales es necesario que existan "garantías" de éxito y que "ahora mismo no se producen esas circunstancias", al tiempo que ha aseverado que "la ley de Partidos, la doctrina del Constitucional y del Tribunal de Derechos Humanos siguen absolutamente vigentes".

Sin embargo, Alonso, y otros portavoces de la entonces oposición, encontraban –supuestamente- argumentos jurídicos a decenas, y pruebas materiales a centenares, para que el entonces partido gobernante el PSOE, ilegalizase las candidaturas de la izquierda abertzale. La conclusión, entonces, era tajante: el PSOE era un socio de los terroristas y por eso no quería su ilegalización.

Hoy, la conclusión es que no hay elementos jurídicos para acometer tamaña empresa. Y para quien sigue empeñado en la propaganda dogmática de la complacencia con el prácticamente extinto terror etarra, solo le esperan dos respuestas: o el silencio, si es la AVT, o el desprecio si son sus antiguos palmeros de UPyD quienes iracundas mociones en ese sentido.

Porque claro, ahora, Alonso considera evidente la necesidad de mantener la "unidad política" entre las diferentes fuerzas parlamentarias ya que es precisamente de esa "división de los demócratas" de donde ETA trata de "obtener siempre rédito". "Siempre ha buscado que estuviéramos divididos y en ese río revuelto sacar concesiones o ventajas", ha señalado al ser preguntado por el texto acordado ayer por todos los partidos menos UPyD y Amaiur en el Congreso de los Diputados.

También para el portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso Leopoldo Barreda, el “dejar tirados” a sus socios de UPyD y sus planteamientos políticos hasta antes de ayer es un gran avance ya que supone, a su juicio, "un consenso trascendental, por su alcance, por el número de fuerzas que se han sumado y porque representa un apoyo grande para ese objetivo, que es lograr la disolución definitiva e incondicional de ETA".

De esta forma, ha señalado que los "indicios" de los habla la líder de UPyD, Rosa Díez, para pedir la ilegalización de Amaiur, "son indicios que desde 2009 viene descartando el Tribunal Constitucional como relevantes". "Ciertamente, hoy no se dan esas circunstancias", ha asegurado.

En un momento al cinismo, Barreda ha espetado: "los indicios que aduce Díez con tanta vehemencia y en un tono tan demagógico son indicios descartados. No podemos pedir al Gobierno que presente una demanda abocado al fracaso porque ello significa una victoria más para Amaiur o para aquellos a los que queremos combatir", ha apuntado.

En esta misma línea, ha acusado a Díez de platear la moción para pedir la ilegalización de Amaiur con el único objetivo de "cuestionar la actuación del Gobierno de España" y "sembrar insidias". Y a ellos nadie les da lecciones ni en esas tácticas ni en esos territorios, ha venido a decir el portavoz adjunto.

El PP vota en contra de ilegalizar a Bildu y Amaiur