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RECORTES EN SU MISMA ESENCIA

El PP desprecia cualquier argumento y ratifica en solitario el desmontaje de la Ley de Dependencia

VIERNES, 20 DE JULIO DE 2012
DIARIO PROGRESISTA Sígueme
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El Pleno del Congreso ha ratificado el decreto de 13 de julio, de medidas antidéficit para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad que, entre otros puntos, establece una reforma del Sistema de Dependencia que recorta prestaciones y aumenta el copago.

El PP desprecia cualquier argumento y ratifica en solitario el desmontaje de la Ley de Dependencia   La norma ha salido adelante con el voto a favor del PP, el voto en contra de PSOE, CiU, PNV, UPyD, Coalición Canaria, Geroa Bai, Foro de Asturias y la única abstención de UPN. Mientras que ERC, Amaiur, Compromís, BNG y la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) se han ausentado de la votación, al considerar que los ajustes suponen un "ataque brutal" contra los derechos sociales y laborales de los ciudadanos.

   Fue el pasado viernes, día 13, cuando el Consejo de Ministros dio luz verde a esta norma que modifica así el sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia que, por un lado, rebaja un 15 por ciento las prestaciones económicas a los cuidadores familiares y restringe los pagos con carácter retroactivo y, por otro, revisa al alza el copago al introducir nuevos criterios de evaluación de la capacidad económica de los usuarios.

   Sobre los cuidadores familiares, se recorta un 15 por ciento la prestación económica, dejando libertad a las comunidades autónomas para agudizar esta reducción. Quienes ya están en el sistema seguirán cotizando a la Seguridad Social como hasta ahora, pero los nuevos cuidadores estarán sujetos a un régimen transitorio en tanto se diseña un nuevo sistema al que serán transferidos todos en el futuro. Además, se les exigirá cumplir con unos "conocimientos básicos" para atender al dependiente, así como convivir con esa persona.

CAMBIOS EN EL COBRO DE PRESTACIONES

   Asimismo, la reforma modifica las condiciones de retroactividad en el cobro de prestaciones. El dependiente sólo podrá reclamar los pagos atrasados de la prestación a la que tenga derecho si la Administración ha tardado más de dos años en empezar a pagarle, es decir, la comunidad autónoma puede demorarse este plazo sin tener después que abonar el retraso de forma acumulada. En la actualidad, esta retroactividad está fijada en seis meses.

   En cuanto a la organización en sí del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (SAAD), se simplifican los grados de reconocimiento de dependencia (de seis niveles pasa a tres grados) y se pospone a 2015 la incorporación de nuevos usuarios de Grado 1, es decir, dependientes moderados, con el objetivo de "agilizar la entrada de los grandes dependientes".

   También hay cambios en el sistema de financiación, ya que el reparto del dinero estatal se efectuará el próximo año transfiriendo a todas las comunidades autónomas el 90 por ciento del presupuesto y, el 10 por ciento restante, a aquellas en las que primen los servicios. La proporción irá variando progresivamente hasta alcanzar que a cada concepto se destine la mitad del disponible.

NUEVO SISTEMA DE COPAGO

   En cuanto al copago, empezarán a aportar al sistema quienes tengan unas rentas superiores del 100 por cien del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), fijado en 532 euros al mes para 2012, mientras quienes no lleguen a este nivel, estarán exentos de copago. Esta aportación se realizará progresivamente hasta cubrir un máximo del 90 por ciento del precio del servicio que se esté recibiendo.

   Según el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el decreto ley aprobado por un lado da "prioridad a la valoración, reconocimiento y atención de los grandes dependientes" y por otro "consolida una red pública de servicios sociales que favorezca la sostenibilidad del modelo y genere puestos de trabajo".

   Precisamente, se basa en el acuerdo del Consejo Territorial del Sistema de Autonomía Personal y de Atención a la Dependencia del pasado martes, cuando el Gobierno y las comunidades autónomas pactaron iniciar la reforma de un modelo que, en opinión del Ejecutivo, "daba síntomas de colapso".

   En este sentido, el ministerio ya ha señalado que el Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia arroja un desfase presupuestario de 2.700 millones de euros con respecto a la previsión inicial y una lista de espera de más de 300.000 personas.

   Según dicta el decreto convalidado, la Ley de Dependencia fue aprobada en el Parlamento en el año 2006 con un amplio consenso entre las fuerzas políticas, y supuso un avance en el bienestar de las personas y ha contado con la colaboración de todas las administraciones públicas en su desarrollo.

   El Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en sesión celebrada el día 12 de abril de 2012, aprobó el avance de la evaluación de la ley transcurridos los cinco primeros años de aplicación de la misma, adoptando el acuerdo de acometer las mejoras en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia que fueran necesarias para asegurar su sostenibilidad. Asimismo, en la reunión mantenida el 10 de julio de 2012 aprobó la evaluación de resultados.

   Entre otras medidas, este decreto recoge también la subida del IVA, el recorte de las prestaciones por desempleo para nuevos perceptores, la supresión de paga de Navidad a los empleados públicos, la eliminación de la desgravación por vivienda y la subida de las retenciones en el IRPF en actividades profesionales.

EN EL EQUIPAJE DE MANO

Los consumidores ven una "tomadura de pelo" las restricciones a líquidos

Facua-Consumidores en Acción han calificado de "tomadura de pelo" que la Comisión Europea vuelva a prorrogar, de forma "prácticamente indefinida" las restricciones a los líquidos en el equipaje de mano, según ha informado la organización en un comunicado.

   Tras conocer la decisión de Bruselas de comenzar a instalar a partir de enero de 2014 los nuevos sistemas para controlar los líquidos en periodo de pruebas, la organización ha remarcado que esta norma debería haber expirado inicialmente en abril de 2010.

   Asimismo, denuncia que la medida no responde realmente a garantizar la seguridad de los pasajeros, sino que contribuye a crear una alarma "injustificada" ante la excusa de que persiste el riesgo de atentados con explosivos líquidos.

   Del mismo modo, remarca que las restricciones suponen un gran negocio para los establecimientos comerciales de los aeropuertos, ya que los envases con líquido que superen los 100 mililitros que se pueden introducir en los aviones únicamente se pueden adquirir en los ´duty free´.



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