En esencia, el Decreto aprobado por el Gobierno vuelve a prometer que el Gobierno “hará algo” para ayudar a las corporaciones locales a pagar sus deudas, pero el Ejecutivo, o no sabe cómo hacerlo, o le gusta mantener el misterio. En efecto, a lo largo de la semana se realizaron diferentes anuncios publicitarios en los que el Gobierno anunciaba para este Consejo la cuadratura del círculo: la aprobación de un conjunto de medidas que permitirían a las corporaciones pagar las facturas pendientes y, al tiempo, no supondría un incremento del déficit público.

Pero la chistera del Gobierno –los bancos- no ha querido sacar el conejo de su interior, y Soraya Sáenz de Santamaría se ha tenido que conformar con volver a aplazar las soluciones reales –que no la propaganda- y prometer que la liquidez llegará a los ayuntamientos en mayo. Mientras tanto, los ayuntamientos tienen que entregar a Hacienda un listado con todas las deudas pendientes de pago a 31 de diciembre y un ‘serio’ programa de reducción de deuda y ajuste financiero, que deberá ser elaborado en apenas un mes, ya que la fecha límite para remitir toda la documentación concluye el 30 de marzo.

Para justificar este nuevo ‘fiasco’, la vicepresidenta explicó que, al parecer, el Gobierno había estado trabajando estos meses sobre papel mojado o –quizás- sin cuentas ninguna, ya que se fijaba como primera tarea poner "orden" y conocer la cuantía de la deuda por facturas pendientes, como paso previo para aprobar el mecanismo financiero que garantice a pymes y autónomos el cobro de dichas deudas.

Junto con ello, adelantó una modificación "temporal y puntual" de la normativa para permitir el establecimiento de garantías del Estado para hacer frente al pago de las deudas con los proveedores. En este punto, recordó que la legislación actual no permite que la Administración Central pueda aportar garantías a operaciones de esta naturaleza.

Una vez se den estos pasos, la vicepresidenta dijo que se establecerá el mecanismo financiero que se pondrá en marcha para hacer frente a estos pagos, mecanismo que no concretó, como tampoco la cifra que baraja el Gobierno sobre a cuánto asciende la deuda comercial de las administraciones públicas.

En cualquier caso, dijo que la Comisión Delegada para Asuntos Económicos estudiará en un "plazo breve" y con "agilidad" dicho instrumento financiero, y que se hará de tal manera que no suponga "mucha complicación" para las pymes y autónomos con deudas pendientes de pago y con "el menor impacto económico" en las cuentas públicas.

En cuanto al instrumento financiero para facilitar el pago de las deudas con proveedores por parte de las comunidades autónomas, la vicepresidenta se limitó a indicar que en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera se analizará con los gobiernos autonómicos.

Esperar a la letra pequeña

Ni tan siquiera el disciplinado y conservador alcalde de Sevilla y la sazón presidente de la FEMP, Juan Ignacio Zoido, ha podido disimular completamente su decepción ante tan pobre balance de un Consejo de Ministros tan “prometedor”.

Como militante y propagandista de la derecha, no ha podido menos que considerar “positivo” el Decreto aprobado, ya que “sienta las bases para el secreto mecanismo de pago”. Como alcalde, no tiene más remedio que reconocer que “aún espera conocer todos los detalles y condiciones”.

Zoido ha recalcado que desde la FEMP están esperando a conocer todos los detalles del nuevo mecanismo de financiación para poder valorarlo adecuadamente. "Si bien sabemos que las entidades locales podremos financiar las obligaciones de pago a través de una operación de endeudamiento, aún desconocemos las condiciones para su devolución", ha subrayado. Tras tantos meses de esperar una solución, Zoido ha dejado entrever su malestar porque ahora le vengan con prisas y no con soluciones matizando que “los ayuntamientos intentaremos cumplir con el plazo que nos ha dado el Gobierno”.