Propone una transferencia de renta de los trabajadores a los empresarios abaratando el despido para todos los contratos vigentes, desde 45 a 33 días por año trabajado. Más aún, permite suspender el convenio pactado en momentos de recesión y amplía las opciones de despido procedente incluso cuando no se tienen pérdidas sino la justificación de una disminución de ingresos durante tres trimestres.

Hace recaer en los ciudadanos parte del coste de la contratación de los empresarios, una transferencia de renta pues desde los contribuyentes a los empresarios, al subvencionar la contratación de los menores de 30 años con 3.000 euros y permitirles compaginarlo con el 25% de la prestación por desempleo. O, al tiempo, la subvención de 4.000 euros que se embolsará al empresario si contrata a un parado de larga duración.

Para los jóvenes se amplía la edad máxima para el contrato de aprendizaje como, probablemente, el primer paso para alcanzar los minijobs.

Era evidente que la falta de consenso entre patronal y sindicatos obedecía a que los empresarios sabían que la reforma del Gobierno de la Nación les iba a beneficiar sobremanera. Por eso los avances en la negociación durante las últimas semanas fueron tan tímidos. Como el segundo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2012-2014 del 25 de enero de 2012 entre las patronales (CEOE y CEPYME) y los sindicatos (UGT y CC.OO.); o, el quinto Acuerdo sobre solución autónoma de conflictos laborales y arbitraje.

Tímidos consensos a la espera del hachazo de Báñez. Peor aún, el error Báñez anticipado por Luis de Guindos cuando advirtió que se trataba de una reforma laboral muy agresiva.

Y decimos error, no tanto por la inequidad que supone la transferencia de renta de los que menos tienen a los que más tienen, sino por la inutilidad en relación al nivel de ocupación, para reducir los 5,3 millones de parados, para aumentar el número de afiliados a la Seguridad Social más allá de los 17 millones de parados.