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El presidente del sindicato de los funcionarios CSI-F, Miguel Borra, cree que los primeros expedientes de regulación de empleo (EREs) en las administraciones públicas, a los que abre la puerta la reforma laboral, empezarán a realizarse "a principios de septiembre", especialmente en ayuntamientos.
 En declaraciones a Europa Press, Borra ha avisado que ante cada uno de estos EREs el sindicato "se va a presentar para ofrecer alternativas", ya que "el problema no es el número de empleados públicos", sino otras cuestiones que "están en el tintero" como la evaluación de su trabajo o la movilidad funcional y geográfica.
La puntilla a estos temores ha sido el proyecto de Real Decreto en el que se aprueba el reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y de reducción de jornada, en el que se concreta cuándo se entiende que concurren las causas económicas que justifican un ERE sobre el personal laboral en la Administración.
Así, podrán iniciarse estos procesos cuando la disponibilidad presupuestaria de la administración en cuestión haya disminuido, al menos, un 10%.
Esta definición permite, según Borra, que las administración sean "juez y parte", ya que tendrán "capacidad" para establecer estas condiciones presupuestarias para motivar despidos colectivos y, además, tendrán la última palabra sobre estos procesos.
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