Efectivamente, lo peor de una presunta reforma laboral son las expectativas que produce. De tanto repetirlo parece como si fuera cierto que la firma de un decreto arregla el desempleo en una nación cuya estructura económica está plagada de ineficiencias.

Nada más lejos de la realidad. Sólo el crecimiento nos puede hacer crear empleo y devolver la deuda (especialmente la privada), por lo que las políticas que le dan la espalda al valor añadido (reducción del déficit como principio general) o a la demanda agregada (subida de impuestos a las rentas medias), van en contra del empleo.

Empleo que sólo puede crearse permitiendo que fluya el crédito y se financien a los emprendedores e innovadores, creadores y exportadores. Una reforma laboral puede suponer para bien ajustar determinados mecanismos, pero, generalmente, en la historia de nuestro país, es la constatación del disenso, una pérdida de derechos de los trabajadores y una transferencia de renta de estos a los empresarios.

La reforma laboral que presenta por decreto-ley el Gobierno de la Nación no generará empleo sino que ocasionará una transferencia de renta de los que menos tienen a los que más tienen.

1ª. Transferencia de renta de los trabajadores a los empresarios al abaratarse el despido para todos los contratos, nuevos y antiguos, de 45 a 33 días, con un máximo de 24 mensualidades. Una transferencia que se agrava en período de crisis al permitirse en este decreto suspender el convenio pactado en tiempos de recesión haciendo recaer en el trabajador el peso de la propia crisis.

Así, esta contrarreforma amplía las opciones para el despido procedente por razones económicas. Las empresas podrán despedir aún no teniendo pérdidas, por el mero hecho de una disminución concatenada de ventas o ingresos durante tres trimestres consecutivos. ¿Es o no una transferencia de renta de los trabajadores a las empresas?. Transferencia, todo hay que decirlo, que nada tiene que ver con el nivel de ocupación al que se aspira.

2ª. Transferencia de renta de los ciudadanos a los empresarios. El dinero de los impuestos servirá para subvencionar (aún más) la contratación. La renta de los ciudadanos irá destinada a abaratar la contratación de los empresarios a partir de la deducción de 3.000 euros a los autónomos que contraten a trabajadores menores de 30 años, compaginándolo con el cobro del 25% del desempleo.

Del mismo modo la subvención de 4.000 euros para la contratación de parados de larga duración, como es evidente, supone una transferencia de renta de los ciudadanos a los empresarios.

3ª. Transferencia de renta de los jóvenes a los empresarios permitiendo que la edad máxima para firmar un contrato de aprendizaje se amplíe a edades insospechadas.

La incapacidad de patronales y sindicatos en ponerse de acuerdo obedece, sobre todo, a que la CEOE tenía bien claro que el Gobierno de la Nación en último extremo presentaría una reforma más cercana a sus intereses que a la de los trabajadores.

Por eso los acuerdos hasta la fecha eran relativamente menores. El 25 de enero de 2012 las patronales (CEOE y CEPYME) y los sindicatos (UGT y CC.OO.), firmaron el segundo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2012-2014 en la que la inflación se fija como techo del incremento de las retribuciones pactadas para 2012 (0,5%) y 2013 y 2014 (0,6%). Y, hace escasos días, patronal y sindicatos firmaron el quinto Acuerdo sobre solución autónoma de conflictos laborales, impulsando en este orden el arbitraje.

Fátima Báñez presidió una sonora y ridícula rueda de prensa en la que ha pretendido convencer a la opinión pública que, impulsando transferencias de renta de los trabajadores, los jóvenes y los ciudadanos a los empresarios, va a lograr reducir los 5,3 millones de parados, disminuir la tasa de paro situada en el 22,85% o aumentar los 17 millones de afiliados a la Seguridad Social.

Ya lo dijo Luis de Guindos: "la reforma laboral es extremadamente agresiva". Cuando escuchamos anteayer esa frase, teniendo en cuenta que nuestra nación siempre ha prosperado cuando ha habido consenso, nos hemos preguntado, si esta es la opinión del Gobierno... ¿qué opinarán los sindicatos?

Pero, sobre todo, ¿qué opina el buen juicio de aquellos que defienden que la ocupación es una magnitud directamente relacionada con el crecimiento y nada tiene que ver con la pérdida de derechos o la transferencia de renta de los que menos tienen a los que más tienen?