Mientras el Consejero de Economía recurría al eufemismo de “recurrir a la colaboración con las empresas de auditoría” para explicar que piensan gastar millones de euros en contratar la labor que ya realizan los cuerpos de inspección del Estado, el portavoz del Ejecutivo, Francesc Homs, avisaba de la posible necesidad de emprender una nueva poda de derechos y prestaciones."Ya lo veremos, nos gustaría que no pero el panorama pinta muy complicado desde el punto de vista de la evolución de la economía", ha asegurado.

El Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña (CCJCC) propuso en enero a Mas-Colell su colaboración para fiscalizar las cuentas públicas.

Ahora, ante un auditorio de unos 600 profesionales, Mas-Colell ha recogido gallardamente el guante y, al tiempo que les prometía más negocio y contratos públicos, ha demandado que las firmas de auditoría ganen tamaño, para lo que es recomendable un proceso de "colaboración o integración" con otras empresas del sector.

El presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, Rafael Cámara, ha denunciado en el mismo foro que "Europa persiste en equivocarse al querer relajar los requerimientos para la realización de auditorías".

   Según Cámara, la supuesta simplificación de las tareas administrativas se convierte en simplismo al pretender rebajar los niveles de control de las empresas, y ha visto una contradicción exigir mayor transparencia a las administraciones públicas mientras por el otro lado se propician directivas que rebajan el control de la información de las empresas privadas.